Capacidad e idoneidad en la SCJN

No sé si usted lo ha notado, pero en todo el mundo hay una oleada de actos violentos. Muchas personas tienen la idea de que los privilegios de los que gozan, y que les ponen en una circunstancia de ventaja con relación a otras personas, son suficiente fundamento para imponer su voluntad.

No importa si los privilegios son más o menos legítimos, si son fruto del esfuerzo personal, o del hecho de que porto un arma, legal o ilegalmente, da igual, hay muchas personas que no están dispuestas a reconocer que necesitan limitarse en el ejercicio de su privilegio, cuando eso implica lesionar el derecho de otra persona menos privilegiada o más vulnerable. Son muchas las personas que reaccionan con ira en circunstancias como esas.

El origen de esas actitudes es complejo, pero es claro que una parte de esto se debe a que nuestras instituciones están resultando insuficientes para garantizarnos vivir en paz, a partir de las reglas del juego democrático y de un Estado de derecho.

En un Estado constitucional y democrático de derecho las reglas del juego deben ser claras, y aunque no siempre nos den la razón, sí nos deben permitir entender por qué no tenemos la razón en ese caso particular, porque eso nos permitirá aceptar el resultado, al mismo tiempo que nos dará la oportunidad de aprender cómo comportarnos de una manera pacífica y civilizada.

Digamos que la mayoría de las personas suele estar dispuesta a aceptar un resultado que no le favorece cuando puede comprender los motivos del resultado, es decir, cuando hay razones claras. Por el contrario, si el resultado se justifica con argumentos inválidos, o sin argumentos, es normal enojarse y asumir que se recibió un trato indigno e injusto.

Es por eso por lo que la designación de jueces y ministros es tan relevante. De su capacidad e idoneidad para juzgar de manera imparcial, y de argumentar adecuadamente las razones de su decisión de a cuál y en qué medida concederle la razón a alguna de las partes en un conflicto, depende que nuestra sociedad elija gestionar sus conflictos de manera pacífica, o, por el contrario, que lo haga de maneras violentas a partir de la ley de la selva, que favorece a los más fuertes, mientras lo son.

Si esto es cierto en el caso de los juzgados de primera instancia, es decir, aquellos a los que acude la mayoría de las personas que requieren de la intervención judicial para resolver un conflicto jurídico, con mayor razón es cierto en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene a su cargo resolver los conflictos judiciales que implican, entre otras, a las instituciones que conforman nuestro Estado.

De modo que el Senado mexicano tendría en sus manos una gran responsabilidad al determinar quién va a ocupar el lugar que, de manera impropia, dejó libre el ex ministro Zaldívar, al renunciar a su cargo para apoyar la campaña de Claudia Sheinbaum. Aunque, a decir verdad, las reglas para llevar a cabo dicha sustitución están hechas de tal manera que es el presidente quien tiene la responsabilidad de proponer perfiles capaces y dignos, y al menos en esta primera oportunidad no la asumió, pues prefirió proponer una terna de mujeres que muy probablemente le serán incondicionales, además de que su trayectoria no garantiza que puedan estar a la altura de la responsabilidad que se les pudiera llegar a encomendar.

Así que, aunque hay que presionar al Senado para que tome una buena decisión, en realidad hay que exigir al presidente que proponga una terna de mujeres capaces e idóneas para juzgar quién tiene la razón en conflictos que suelen tener una trascendencia nacional.

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