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Quinto Patio

Lo dijo con ese lenguaje propio de la empatía y la retro suavecita, pero la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) fue clara al señalar que el gobierno del estado tiene 15 “áreas de oportunidad” y recomendaciones por hacer en cuanto al manejo de la información. ¿Cuál? Pues la referente a los datos sobre los recursos públicos, porque en estos tiempos de pandemia la transparencia gubernamental es tan diáfana como un cristal… polarizado de negro intenso. 

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Flaco favor le hicieron a Enrique Alfaro quienes llamaron vía telefónica o enviaron guasapazos a la defensora Rosario Piedra Ibarra para amenazarla de muerte y exigirle que no se metiera con “el gobernador”, luego de que la funcionaria atrajera el caso del asesinato de Giovanni López a manos de policías de Ixtlahuacán de los Membrillos y los hechos subsecuentes. Piedra Ibarra aclaró que no había hecho ninguna alusión a alguien en particular y que interpuso denuncia penal contra sus atacantes. 

Flaco favor porque el caso ya se puso en el aparador nacional, de nueva cuenta, cuando le quitaron reflectores las autoridades. La ONU Derechos Humanos México, por ejemplo, condenó las “lamentables” amenazas a Piedra Ibarra, se solidarizó con ella y demandó que la investigación se conduzca de acuerdo con los estándares de debida diligencia. Alfaro, a su vez, ni se despeinó: le expresó su solidaridad y compromiso “firme” de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos… algo que esperan las víctimas de abuso policiaco del 5 de junio. 

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A diestra y siniestra la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) repartió regaños, aunque les llamó proposiciones, para que las instituciones de gobierno, las del Poder Legislativo y del Judicial respeten los derechos humanos en la pandemia. Pero principalmente llamó la atención para proteger a los grupos vulnerables. Y entre ellos destacó a toda la gente de la cuenca del río Santiago. Aparte de la contaminación que han sufrido por décadas, ahora se les agrega que son particularmente propensos al Covid-19, según el informe que presentó ayer la CEDHJ. 

Nada más entre el 11 de marzo que se anunció el primer caso y el 31 de mayo, la comisión recibió 246 quejas relacionadas con la pandemia. Más las que se vayan acumulando. La Secretaría de Igualdad Sustantiva y la Secretaría de Salud fueron dos de las instancias que recibieron mayor cantidad de proposiciones, junto con los 125 ayuntamientos. Y es que la CEDHJ sugiere que les falta perspectiva de derechos humanos. ¿Las autoridades carecerán de capacitación en derechos humanos o de plano de voluntad política? Así la dejamos. 

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No se ha dicho la última, última palabra en cuanto al nombramiento realizado por el Congreso local de los tres consejeros de la Judicatura. El Comité de Participación Social (CPS) está en plena vela de armas jurídicas para presentar un amparo y una queja ante un organismo internacional, en este caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para dejar claro que lo aprobado por los diputados se hizo mal, violando disposiciones legales, o séase, fue una chuecura, y se pretende que no ocurra de nuevo. 

El integrante del CPS Jesús Ibarra dijo con todas sus letras lo que hizo el Congreso del Estado: “Nos parece que el nombramiento fue ilegal, fue ilegítimo y sentaría un precedente muy grave que para los siguientes nombramientos se siguiera con esta estrategia, donde se privilegian la negociación y el compromiso sobre las propias reglas que puso el Congreso”. Y pun-tua-li-zó: “Fue un escenario de cuotas y cuates, y estamos buscando los medios para evitar que eso se repita”. ¿Así? ¿O falta claridad? 

qp@ntrguadalajara.com

jl/I