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Crucificándose
Empiezan las campañas
Tras la investigación que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) realizó respecto al caso de violencia de género de tipo sexual y psicológica contra Diana, trabajadora del gobierno municipal de Tototlán, se encontró responsabilidad en 15 funcionarios públicos.
Esto derivó en que la CEDHJ emitió una Recomendación a favor de Diana. La Comisión acreditó que, además de la violencia directa recibida por parte del jefe de Padrón y Licencias del municipio de Tototlán. También se acreditó que el entonces jefe del área de Proveeduría del ayuntamiento y el presidente municipal entre otros actores públicos ejerció conductas de hostigamiento sexual y acoso laboral contra una servidora pública adscrita a la dependencia a su cargo.
“A la luz del Protocolo de intervención para casos de hostigamiento y acoso sexual publicado por el Inmujeres, fueron analizadas las conversaciones que el entonces director de Padrón y Licencias de Tototlán y posteriormente el entonces presidente municipal tuvieron con la peticionaria y que son constitutivas de hostigamiento sexual”, señaló la CEDHJ.
Abundó en que “fueron analizadas también las acciones hostiles replicadas por las y los colegas de trabajo de la peticionaria y son constitutivas de violencia laboral, conocida como mobbing o acoso laboral con miras a excluirla de su centro de trabajo y afectarla moralmente”.
La víctima también sufrió de ofensas para descalificar la denuncia de violencia sexual, las cuales constituyen métodos de control para segregarla socialmente, desprestigiarla y despojarla de la credibilidad social, de la dignidad y reputación. Todo esto orilló a Diana a solicitar licencia sin goce de sueldo.
“Esta defensoría demostró que, con sus acciones y omisiones, los servidores públicos generaron un ambiente laboral hostil para la víctima y violaron sus derechos humanos a una vida libre de violencia, en específico en su tipo sexual y psicológica, en las modalidades laboral e institucional, a la integridad física y seguridad personal, a la legalidad y seguridad jurídica, a la igualdad y no discriminación y al trato digno, así como el derecho a la legalidad, y seguridad jurídica”, apuntó la CEDHJ.
El órgano también encontró que hubo violencia por medio de omisiones hechas por parte de diversas autoridades municipales como el encargado de la Hacienda Municipal, el oficial mayor, algunos integrantes del pleno del ayuntamiento, algunos regidores, la síndica, el secretario general y el propio titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Ayuntamiento de Tototlán, quienes generaron una victimización secundaria a la que fue expuesta la persona.
Por parte de la autoridad estatal, también se encontraron omisiones y actuaciones deficientes por parte de los agentes de Ministerio Público adscritos a la Fiscalía del Estado que intervinieron en la investigación de la denuncia presentada por la peticionaria.
De acuerdo con la investigación de la CEDHJ, los agentes no garantizaron la aplicación de los lineamientos que marcan los protocolos sobre violencia de género en contra de las mujeres, tampoco se encargaron de que se respetara la dignidad de la víctima, la debida diligencia, la no revictimización y el enfoque diferenciado hacia las víctimas a razón de la violencia sexual y psicológica.
Las Recomendaciones emitidas van dirigidas al pleno del Ayuntamiento de Tototlán y al Fiscal del Estado, Gerardo Octavio Solís Gómez. Entre ellas, recomiendan que exista la reparación integral del daño, se le pague el salario que dejo de percibir desde que inició su licencia sin goce de sueldo, que los victimarios reciban capacitación en el Centro Especializado para la Erradicación de Conductas Violentas hacia las Mujeres de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, y se abra un procedimiento interno de investigación administrativa con perspectiva de género.
También, recomiendan que se instale una Unidad de Género del Gobierno Municipal de Tototlán para garantizar que comience la erradicación de la violencia de género mediante el diseño del Protocolo de Prevención, Atención y Sanción del Acoso y Hostigamiento Sexual.
Además de las recomendaciones, la CEDHJ también giró peticiones al Congreso del Estado de Jalisco con el fin de que den celeridad al proceso de juicio político contra el alcalde con licencia Sergio Quezada. Además de que se exija al gobierno municipal que acate las recomendaciones emitidas por el órgano.
jl