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Rumbo a Villanueva
Muchas psicólogas y psicólogos manifestamos una profunda preocupación ante las recientes políticas y discursos emitidos por el presidente de Estados Unidos de Norte América, Donald Trump, mismos que vulneran los derechos fundamentales de las personas pertenecientes a la diversidad sexual, representan un retroceso en el avance en pro de los derechos humanos y generan impactos negativos en la salud mental de estas personas.
La diversidad sexual ha sido y es parte esencial de nuestras sociedades, y a lo largo de la historia hemos sido testigos de cómo la discriminación y violencia ejercidas contra ella incrementa los problemas de salud mental, incluyendo ansiedad, depresión y riesgos suicidas.
Es fundamental recordar que la orientación sexual es una característica intrínseca de las personas, no una elección, y que no puede ser motivo de juicio o discriminación. Asimismo, reconocemos que el sexo no es una categoría binaria, pues existe un amplio espectro biológico, incluyendo la intersexualidad, que evidencia la riqueza y complejidad de la condición humana.
La diversidad sexual no solo es una realidad social, sino también un derecho humano fundamental. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que "todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos", y cualquier forma de discriminación hacia las personas LGBTTTIQ+ constituye una violación a estos principios universales.
Como profesionales de la psicología, reafirmamos nuestro compromiso con la promoción y defensa de los derechos humanos. Nos corresponde construir espacios seguros e inclusivos, así como implementar prácticas que favorezcan el bienestar emocional y psicológico de todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Además, consideramos imprescindible que este compromiso trascienda los límites de la academia y se traduzca en acciones concretas que fomenten el respeto y la equidad en la vida cotidiana.
Por ello instamos a las y los lideres internacionales, jefas y jefes de Estado, a las y los órganos legislativos a nivel mundial y a las y los impartidores de justicia a rechazar cualquier política basada en la exclusión o la discriminación. En su lugar es necesario trabajar colectivamente por un mundo donde todas las personas puedan vivir sin temor a la persecución o al rechazo y donde puedan ser plenamente quienes son en un entorno digno y con respeto, para lo que es necesario la modificación de leyes, el diseño y la ejecución de políticas públicas inclusivas, pero sobre todo la consciencia social de que esto no es un favor, sino un derecho.
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GR