Legislativo cumple un año de desacato a resolución sobre Fiscalía de tortura

El 31 de enero de 2024 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a Jalisco crear una Fiscalía Especializada en materia de tortura, pero a un año de distancia el Congreso del Estado sigue en desacato de esa resolución, para analizar el caso, el Centro de Justicia para al Paz y el Desarrollo (Cepad) convocó al panel de análisis “Un año de omisión: La urgencia de una Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Tortura en Jalisco”.

La omisión, si bien se da ante la resolución de 2024, la arrastra Jalisco desde 2017 cuando se crea la Ley General en materia de tortura que obligó y dio 90 días a las entidades federativas para crear fiscalías especializadas.

También se les permitió que si tenían problemas presupuestales para cumplir en el plazo, podrían crear unidades técnicas de investigación, que fue lo que ocurrió en Jalisco.

En 2021 la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura del Instituto Federal de Defensoría Pública interpuso un juicio de amparo por el incumplimiento de Jalisco en crear la Fiscalía, pese a que ya habían pasado cuatro años de la creación de la ley.

En un primer momento, al ya tener una unidad técnica, se sobreseyó el juicio de amparo al no considerar una omisión absoluta, ya que Jalisco argumentó no tener presupuesto suficiente para la Fiscalía Especializada.

La Secretaría interpone un recurso de revisión en la SCJN. Este órgano tomó como tema prioritario la omisión existente en la autonomía de la Unidad Técnica y a partir de ahí se determinó que sí hay omisión absoluta, mencionó Mauricio Tapia Maltos, secretario proyectista de la SCJN.

“Se hace un estudio sobre cuestiones como la diferencia funcional entre unidades administrativas y Fiscalías Especializadas, hay una diferencia funcional y estructural. El tema que más nos preocupaba era la autonomía, no es lo mismo una unidad técnica que dependa del titular de la Fiscalía a una Fiscalía Especializada cuyo nombramiento también pasa por un control también del Congreso Estatal. Esto le da mayor autonomía para investigar estos delitos que son sumamente graves”.

La segunda sala de la SCJN consideró que una unidad no tiene la capacidad para cumplir con las obligaciones marcadas en la ley ya que “las Fiscalías Especializadas deben realizar investigaciones independientes, prontas y exhaustivas porque se debe procurar la independencia técnica y operativa en la investigación de estos delitos de tortura. Debemos darnos cuenta de la gravedad que tiene”.

Por ese motivo levantó el sobreseimiento y emitió una nueva resolución que, al día de hoy, Jalisco sigue sin cumplir.

Por su parte, Alán Campos, integrante de ONUDH México, enfatizó que el Comité contra la Tortura de la ONU realizó recomendaciones al respecto, por lo que tampoco se han cumplido en Jalisco y, por lo tanto, los casos siguen en la impunidad.

“Es fundamental contar con autoridades especializadas, imparciales e independientes y esa es la apuesta del marco normativo e internacional. El Comité contra la Tortura (de la ONU) cuando hizo su visita a México expresó su preocupación por las deficiencias en la investigación del delito de tortura y por la persistencia de altos niveles de impunidad y recomendó velar por el establecimiento y correcto funcionamiento de todas las Fiscalías Especiales, garantizando su autonomía, asignando recursos adecuados y capacitación en su personal”.

FR