Reforma electoral: las diputaciones federales

Cuando alguien quiere evaluar una iniciativa de ley debe distinguir el discurso de la realidad. Podría poner muchos ejemplos al respecto, pero tengo muy claro que suele ocurrir que lo que se nos ofrece como la solución a un problema no lo sea, de ahí que sea necesario leer los cambios que se proponen en la redacción de las leyes para poder comprender la verdadera intencionalidad del cambio. En otras palabras, si usted quiere darse cuenta de la verdadera intención de una iniciativa de ley debe saltarse la exposición de motivos, y pasar directamente a la redacción de los artículos que propone.

Así, por ejemplo, la iniciativa de reforma electoral del presidente López Obrador se difunde como un intento de abaratar la democracia, pero uno solo de sus aspectos, la elección de las autoridades electorales mediante voto popular, costaría más de 8 mil millones de pesos, según un estudio del Instituto Belisario Domínguez (https://bit.ly/3Dub94Z). Así que, ¿cuál es el ahorro, si de entrada hay un gasto adicional?

Del mismo modo, la propaganda de la misma propuesta de reforma, cuyo texto se encuentra en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados (https://bit.ly/3DzKbZN), plantea que se le dará más poder a la ciudadanía, o más control sobre sus representantes, pero, por lo menos en el caso de las diputaciones federales, nada en el texto de la ley propuesta permite suponer que eso va a ocurrir, dado que en el artículo 52 solo se anuncia que se votará por diputados plurinominales, en cada estado, a partir de listas, y es todo. Es claro que desaparecerían los diputados de distrito, y la Cámara se compondría únicamente de 300 diputaciones plurinominales.

¿Y qué control tendrá la ciudadanía? De acuerdo con el texto constitucional propuesto, muy poco. Puede ser que en la ley reglamentaria se indique algo al respecto, pero no es seguro. De manera que, si nos atenemos a la experiencia, lo más probable es que en las elecciones se vote por los partidos, y a cada uno se le asignarán los puestos de representación popular que le correspondan, en proporción a la votación que haya obtenido. Eso en sí mismo, me parece positivo, porque se elimina la sobrerrepresentación del partido ganador.

Pero, el problema es que con eso se afianzará el poder de los presidentes de los partidos, porque ellos pondrían en la lista para ocupar un puesto de diputada o diputado, a quienes ellos quieran, por lo que le deberán el puesto, Además, los primeros lugares serán para las personas más allegadas a los presidentes de los partidos. Eso equivaldría, en los hechos, si hay suficiente disciplina partidista, a que no tendríamos 300 representantes populares, sino solo uno por cada partido, sus respectivos presidentes, con un voto ponderado, es decir, que su voto pesaría tanto como la proporción de votos que su partido obtuvo en la elección.

Así que, si realmente se quisiera tener un mayor control ciudadano, tendríamos que tener la oportunidad de votar por la candidatura de nuestra preferencia, y que el orden de acceso a las diputaciones correspondientes a cada partido dependiera del número de votos que cada candidatura obtuviera, como ocurre en otros países. Y, adicionalmente, necesitaríamos que la ley permitiera la reelección inmediata de diputaciones federales, pero que la postulación para un nuevo periodo no dependiera de la voluntad del dirigente del partido, sino del propio electorado. Sin embargo, nada de esto se vislumbra en la propuesta de reforma.

Habrá que revisar a fondo los demás aspectos propuestos, pero bien dice la sabiduría popular que no es oro todo lo que relumbra.

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