El control de la corrupción

El 9 de diciembre es el Día Internacional contra la Corrupción de 2022, que tiene por objetivo poner de relieve el vínculo crucial entre la lucha contra la corrupción, la paz, la seguridad y el desarrollo. Y es que el tema no es menor: la corrupción es un complejo fenómeno social, político y económico que afecta a todos los países. Socava las instituciones democráticas al distorsionar los procesos electorales, pervierte el imperio de la ley y crea trámites burocráticos cuyo objetivo es el de crear las condiciones para llevar a cabo actos o hechos de corrupción.

La ausencia del control de la corrupción también mengua los cimientos del desarrollo económico, desalienta la inversión extranjera directa y a las pequeñas empresas nacionales les resulta a menudo imposible superar los “gastos iniciales” requeridos por la corrupción.

El 31 de octubre de 2003 la Asamblea General aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que entró en vigor en diciembre de 2005, la cual tiene como una de sus finalidades promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción; así como la recuperación de activos. Este último rubro es una de las grandes áreas de oportunidad de la lucha anticorrupción en México; los casos definidos como emblemáticos (La Estafa Maestra, Odebrecht, Agronitrogenados, ex presidentes, entre otros) no han sido aún sancionados en materia penal. Tampoco hay una recuperación de los activos desviados por estos y otros casos de gran corrupción, y la reparación del daño a las víctimas es prácticamente inexistente.

Hay que destacar que cada año se paga un billón de dólares en sobornos y se calcula que se roban 2.6 billones de dólares anuales mediante la corrupción, suma que equivale a más de 5 por ciento del producto interno bruto mundial. De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se estima que en los países en desarrollo se pierde, debido a la corrupción, una cantidad de dinero 10 veces mayor que la dedicada a la asistencia oficial para el desarrollo.

En el caso de México, si bien se logró pasar del puesto 138 al 124 en el Índice de Percepción de la Corrupción en el arranque de gobierno, los puntajes obtenidos no han variado mucho: en 2019 fue de 29 puntos y en 2020, de 31, en una escala de 0-100, en la que 0 es igual al nivel más alto de corrupción percibida y 100 es igual al más bajo. En los últimos resultados de este ranking, correspondiente a 2021, el país se mantuvo intacto, al estar en el puesto 124 y con 31 puntos. México sigue siendo el país peor evaluado de los 38 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En el G-20, México ocupa la posición 18 de 19 países evaluados.

No debe sorprendernos el estancamiento, en este rubro, cuando existe un abandono al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y a cualquier política desafiante en la materia, ante estos sistemas estatales anticorrupción debilitados que no funcionan o que simplemente están cooptados.

El Sistema Estatal Anticorrupción Jalisco es uno de los mejores posicionados a nivel nacional. Recientemente el Comité Coordinador aprobó los cuatro Programas Marco de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción de Jalisco, así como los Lineamientos Generales para el Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas Anticorrupción del estado de Jalisco, los cuales tienen la finalidad de orientar a los entes públicos del estado en su implementación gradual y temporal, acorde con sus propias capacidades institucionales; esto representará todo un reto que no solo requiere una implementación técnica, sino voluntad política e institucional.

*Doctora en Derecho

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