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¡No!, al aumento
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Mucho se habla del monstruo de la corrupción y aunque lo vemos y lo padecemos, parece que ya no nos da miedo; incluso destinamos un porcentaje de nuestras percepciones a actos y hechos de corrupción. Este fenómeno abona y perpetúa la desigualdad y la pobreza, afectando el bienestar y la distribución de los ingresos, socava las oportunidades de participar por igual en la vida social, económica y política.
Ante el estancamiento de la lucha anticorrupción y que el discurso a nivel nacional recae en lo absurdo en esta materia, cualquier acción institucional dirigida a controlar la corrupción es acertada. Ejemplo de esto es el lanzamiento de los programas marcos de implementación, lineamientos de seguimiento y evaluación y metodología de los indicadores del Sistema Estatal Anticorrupción (Seajal), que marcan el camino para materializar la política estatal anticorrupción y concretarse acciones contra la corrupción en el estado. El desafío incluye que todas las dependencias asuman como una obligación estos instrumentos, en el entendido de que no sólo le corresponde al Seajal el control de la corrupción.
Lo mismo sucede con la iniciativa lanzada por la Contraloría Ciudadana de Guadalajara de una consulta que durará tres meses, la cual tiene como finalidad que las personas y comunidades definan los programas y dependencias que deben ser auditadas en 2023; además de elegir entre los programas de mayor impacto social y presupuestal aquellos que serán auditados, la totalidad de los recursos invertidos a través del presupuesto participativo del municipio, el objetivo es llegar a más de 100 mil personas.
Corresponde a la propia Contraloría la labor de ciudadanizar la fiscalización, realizar un proceso pedagógico y explicar en qué consisten las auditorias, su finalidad, y como abona este tipo de procesos a la contención de la corrupción.
En el caso nacional, las acciones son poco tangibles, incluso nulas, frente a un moribundo Sistema Nacional Anticorrupción conformado por un Comité Coordinador cooptado por el gobierno federal, un Comité de Participación Ciudadana (CPC) con cinco integrantes que reciben honorarios aproximadamente de 120 mil pesos y que al realizar un análisis de su labor, se limita recientemente a dos pronunciamientos, un posicionamiento y la participación en un encuentro entre ciudadanía y la iniciativa privada.
Ante ello se ha insistido en que la lucha anticorrupción va más allá de sancionar las faltas administrativas y los hechos de corrupción. Se trata de encaminar esfuerzos a examinar la normativa, los mecanismos así como a las instituciones que conforman los tres poderes, obligadas a contener la corrupción, desalentar y prevenir los abusos de poder.
Tanto el Seajal como la Contraloría Ciudadanía de Guadalajara se enfrentan al desafío de materializar la efectividad de sus acciones, poner a disposición la información de sus avances y medir el impacto en la cotidianidad de las personas.
Otras vías que permitirían evidenciar el avance en el control de la corrupción es calificar a quienes nos gobiernan y con ello a su funcionariado, sobre todo considerando un complejo y arrebatado camino a un proceso electoral en el que se aprovechará la ausencia, el silencio y falta de acción de las instituciones encargadas de controlar la corrupción para lograr objetivos políticos.
Las personas, pero particularmente el Estado, deben comprender que la corrupción debilita el desarrollo, perjudica la prosperidad económica, daña la buena gobernanza y la prestación de servicios públicos.
Resulta importante dimensionar que las grandes sumas que se pierden por causa de la corrupción podrían ser utilizadas para mejorar el nivel de vida, incrementar el acceso a la vivienda, la salud, la educación y el agua, incluso un mayor presupuesto a la seguridad pública.
Es un hecho que aun cuando todas las mañanas insisten en que se acabó la corrupción, con indignación debemos reconocer que en México sigue presente y que las pocas acciones a nivel nacional para detectar, sancionar y disuadir la corrupción han sido insuficientes.
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jl/I