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El anticorrupción
La marcha al Zócalo
Ya de plano el gobierno de Jalisco ni el intento hace por atender la crisis forense y de desaparecidos. El gobernador Enrique Alfaro afirma (asegura, se afana, reitera) que año con año dan y dan más presupuesto, pero es claro que este no es suficiente, pues no se avanza; por el contrario, en 2022 se tuvieron peores resultados en un tema clave: la identificación de cadáveres encontrados.
Eso sí, arrancó operaciones el Centro de Identificación Humana; sí, también hubo más presupuesto; sí, se contrató más gente, pero no están identificando a los desaparecidos que, lamentablemente, terminan en una fosa clandestina. El año pasado solo cuatro de cada 10 cuerpos encontrados en puntos ilegales de inhumación fueron identificados. Así, la crisis forense solo se agravará más, alargando el dolor de miles de familias.
Y en más de lo mismo, las dependencias que previenen y atienden a las víctimas de violencia, principalmente mujeres, operan por gracia de Dios, pues el presupuesto no alcanza. En una encuesta realizada por el Instituto de Información Estadística y Geográfica, las dependencias reconocieron que falta personal, las instalaciones no son las aptas, el dinero no alcanza y, en muchas ocasiones, ni siquiera tienen recursos propios. Esto se acentúa fuera de la zona metropolitana. Así es como se atiende la violencia de género, la familiar y sexual en el estado, sin recursos, sostenida de alfileres y a fuerza de rezos, porque a las autoridades no hay modo de encomendarnos.
Se abrió un nuevo capítulo sobre la polémica crisis de la basura en la ciudad.
La Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente admitió una denuncia popular contra la ampliación del basurero de Picachos, que administra el Ayuntamiento de Zapopan.
La queja es de habitantes de los llamados Pueblos de la Barranca del Río Santiago, que están hasta el gorro (y lo que le sigue) de padecer los malos manejos en ese relleno sanitario y el de la empresa Hasars, que contaminan arroyos y manantiales de estas comunidades rurales.
Quienes vivimos en la ciudad les mandamos nuestro cochinero a poblaciones que ninguna culpa tienen, ni responsabilidad para pagar los platos rotos de una pésima política de manejo de residuos, donde pasan y pasan los gobiernos sin hacer un cambio.
A ver si por fin el marranero de las calles llenas de basura por la falta de recolección de Caabsa y la terrible contaminación de los basureros que afecta la salud de poblaciones inocentes nos orillan como sociedad a exigir al gobierno dar un golpe de timón y hacer su trabajo.
Una vez más la coordinadora parlamentaria de Hagamos, Mara Robles, puso el dedo en la llaga en la Junta de Coordinación Política al recordar que se cumplió un año del desafuero del magistrado del Supremo Tribunal de Justicia José de Jesús Covarrubias Dueñas, y sigue prófugo y nada se ha hecho por cambiar esta situación ni pedir cuentas al fiscal general.
Les señaló que ni siquiera pueden tener reuniones de la Junta de Coordinación Política serias porque sólo tocan temas de prestar salones o dar reconocimientos sin discutir los asuntos de fondo o las fechas de las sesiones de pleno, que últimamente se han convertido en performance o puesta en escena que no representa la pluralidad en el pleno.
Por si fuera poco lo ocurrido en materia de inseguridad en la Zona Metropolitana de Guadalajara durante los últimos días, ayer, en la colonia Postes Cuates de Guadalajara, un nuevo enfrentamiento armado entre un civil y elementos de la Fiscalía del Estado sembró el terror entre los ciudadanos. Se ve que la inseguridad va “a la baja”.
Un nuevo ataque dejó otro elemento policial debatiéndose entre la vida y la muerte; el agente pertenece al área de homicidios de la Fiscalía estatal. Tan solo en tres días se han registrado igual número de ataques y enfrentamientos en donde los cuerpos policiacos son víctimas de agresiones a balazos.
qp@ntrguadalajara.com
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