Quinto Patio

Cuando existen mecanismos adecuados para presentar denuncias, éstas empiezan a formalizarse. Una muestra es la Unidad para la Igualdad de la UdeG, que tiene dos años de creada, pero apenas uno de disponer del Protocolo para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia de Género en la universidad, y ya suma de abril a enero 515 denuncias, más las que se acumulen.

Estos estudiantes tienen un camino trazado y un lugar para denunciar las violencias; incluso, de recibir acompañamiento, como ocurrió con el caso de la joven de la Prepa Jalisco que, se aclaró, sí presentó denuncia formal ante la Fiscalía del Estado. Del presunto agresor falta saber por qué fue liberado.

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Desde el Congreso local, las diputadas han levantado la voz para que se respete la libre expresión ahora que viene la marcha 8M; sobre todo de los respectivos gobiernos, cuando se paren las mujeres a reclamarles a gritos que no han dado resultados y que las demandas siguen sin soluciones.

Hasta el momento se sabe que habría cuatro marchas feministas desde diversos puntos, y como decía la diputada del PRI Hortensia Noroña, ojalá haya sensibilidad en los respectivos gobiernos para entender que con justa razón hay enojo luego de que poco ha hecho para detener la violencia contra las mujeres.

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Lo que el gobierno mexicano no puede o no ha querido hacer ya lo hizo el Departamento del Tesoro de los Yunaited. Nada más y nada menos que ocho empresas mayormente instaladas en Puerto Vallarta y alrededores fueron sancionadas por entregar dinero a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, o bien operar con actividades ilícitas o fraudulentas.

De las ocho señaladas, tres están en Zapopan, y tanto en Vallarta como las avecindadas en la Zona Metropolitana de Guadalajara, fueron creadas bajo el poder notarial de un solo personaje, respectivamente. Al parecer para los gringos lo que es un puerto de diversión y esparcimiento, se ha convertido también en paraíso para la operación de empresas ligadas al narco.

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A los alcaldes de Chiquilistlán y Guachinango les llegó “la ola naranja refundadora” y hace un año les dio por dejar el partido Hagamos para unirse a Movimiento Ciudadano, lo que hizo les llovieran recursos. A cambio de pintarse naranjas sus municipios recibieron 78 y 51 mdp, respectivamente, en obra pública.

Es decir, el gobernador Enrique Alfaro pareciera avaló o les hizo manita de oinc, pues dio recursos públicos a cambio de abandonar las filas de su partido. Así las negociaciones al más puro estilo priísta, seña de que la escuela nunca se olvida.

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Sin posiblemente desearlo, pero luego de lo que escribió en Twitter la diputada local del partido Futuro, Susana de la Rosa, hagan de cuenta que de nuevo se exhibió cómo en Jalisco existen dos versiones de Morena: una, encabezada por el regidor tapatío Carlos Lomelí y otra por el diputado José María Martínez. Y lo decimos porque el edil de GDL criticó que la verificación vehicular aumentó el monto de las multas aprobadas en 2022 por el Congreso del Estado tras el ajuste reciente al valor de la Unidad de Medida y Actualización, emitida por el Inegi.

Lomelí escribió que “tomar decisiones sin escuchar a la ciudadanía es un acto de alta irresponsabilidad como representante popular, más si estas decisiones impactan de forma en la economía familiar”. La diputada Susana le recordó al regidor que Morena también aprobó en el Congreso local la verificación vehicular del gobernador Enrique Alfaro, invitó a los guindas a sumarse a la “verificación sin atropellos” para frenar el abuso, y le pidió a Lomelí convencer a los legisladores locales morenos, o sea, a Chema Martínez y sus compañeros. Créannos que eso no ocurrirá.

qp@ntrguadalajara.com

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