Quinto Patio

Luego del segundo incendio en territorios bajo control en las últimas décadas por la poderosa empresa Caabsa Eagle: hace 15 días, en Matatlán; y este domingo, en Los Laureles, ronda la sombra de la sospecha. Y es que este consorcio ha gozado de abierta impunidad ante gobiernos municipales y estatales de Jalisco desde los años 90. Es decir, la burra no era arisca.

Independientemente de la causalidad de ambas deflagraciones salió a la luz el problema de no resolver de manera social y ambientalmente aceptable esos focos de contaminación que son los presuntos rellenos sanitarios. Ayer, el gobernador Enrique Alfaro le echó la bolita a los alcaldes para financiar el cierre y abandono de Los Laureles; y el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, le respondió: no es deuda municipal, sino de la propia empresa que tiene un compromiso firmado ante la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial.

Lo que sí, es que, en este mes de calorón, las brumas de los incendios no se disipan... Tampoco, las de la responsabilidad ambiental, que apunta hacia la Semadet, que está dañando a esta ciudad.

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Por estos rumbos ya no sabemos para qué sirve la Secretaría de Gestión Integral del Agua. Los diputados locales aprobaron que los tres órdenes de gobierno revisen lo que está sucediendo con las vinazas que vierten las tequileras en los drenajes y en cuerpos de agua, provocando contaminación, peeeeeeero ni tardo ni perezoso el titular de la dependencia estatal, Jorge Gastón González Alcérreca, se deslindó del tema y argumentó que, si son cuerpos de agua, le toca a la Federación y que, si son drenajes, le corresponde a los ayuntamientos, pero que a él no lo anden molestando. Como diría cualquier discípulo avanzado de Vicente Fox, ¿y yo por qué?

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El horrendo tema de los call center no es nuevo y, tampoco, la impunidad con que las diferentes autoridades permiten que operen estos sitios, lo que es parte de la causa de un número indeterminado de desapariciones. De eso habló ayer el colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco, que tiene documentados cuatro casos más de desapariciones que se cometieron en Zapopan y Tonalá, en contextos de la operación de estos centros de atención telefónica, desde hace años; el más antiguo, hace seis. O sea, serían 12 los desaparecidos en la entidad vinculados a esos lugares.

Precisó la agrupación que, si en ese entonces la Fiscalía del Estado hubiera actuado como debe ser, tal vez no hubiera ocurrido la desaparición de los ocho jóvenes en Zapopan que laboraban en un centro de atención vía telefónica. Pero a la fecha, de los cuatro casos de años anteriores, no hay un sólo avance en las investigaciones, ni la Fiscalía ha dicho nada. ¿Cómo es que operan call center o centros similares sin permiso oficial? Pues porque las autoridades no ven, no escuchan, ni se enteran.

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En noviembre de 2020 colectivas y activistas feministas, familiares de mujeres víctimas de feminicidio, instalaron en Plaza de Armas una antimonumenta contra los feminicidios. La plaza la denominaron Imelda Virgen, la académica universitaria asesinada. Fue y es un acto en memoria, verdad y justicia por las víctimas de feminicidios en Jalisco, donde la violencia contra las mujeres no para.

También en la Plaza de Armas, en un acto de memoria pacífico y cultural, se colocó ayer otro antimonumento para recordar los tres años de impunidad, que tras la represión y desapariciones cometidas por elementos de la Fiscalía del Estado, ocurrieron el 5 de junio de 2020, contra casi un centenar de manifestantes que protestaban por el asesinato de Giovanni López a manos de policías de Ixtlahuacán de los Membrillos. Sí, ocurrió en el gobierno de Enrique Alfaro. Hay memoria.

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