INAH no ve impedimento para instalar antimonumento '5J'

Para colocar el antimonumento 5J en el centro de la ciudad no es necesaria una autorización emitida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), siempre y cuando esta estructura no dañe monumentos o edificios históricos, precisó Alicia García Vázquez, directora del Centro INAH Jalisco.

“Si bien existe una normativa del INAH para la colocación de estructuras, es necesario decir que, además de los monumentos históricos, el INAH estudia, protege y comparte, las diferentes expresiones culturales y sociales de nuestro país, entre ellas, los movimientos sociales y sus representaciones”, precisó la funcionaria.

La normativa a la que hace referencia indica que “las esculturas, estructuras o elementos que se pretendan integrar en él área del centro histórico de Guadalajara, previa licencia de obra ante este Instituto Nacional de Antropología e Historia competente en materia de monumentos históricos, deberán ser bienes muebles, de carácter reversible, que no representen intervención en monumentos históricos o urbanos”, añadió.

A la par ahondó en que tiene sus características y dimensiones no deben ser causa de demérito, impacto, ni alteración negativa, para las visuales y perspectivas urbanas, que no alteren el uso del suelo de los espacios, que no contengan elementos formales o volumétricos que impacten negativamente la integridad, visuales y perspectivas urbanas, de su entorno y contexto urbano.

En el caso del antimonumento 5J, si este no impacta de forma negativa en algún monumento histórico y es de carácter temporal (se puede retirar en cualquier momento de ser necesario), no necesita licencia. Ambos requisitos los cumple.

Además de esto, precisó que las autoridades por lo regular no solicitan permiso al INAH para la instalación de esculturas, monumentos o exposiciones. Un ejemplo que dio la funcionaria es el tótem ‘Guadalajara Guadalajara’ que no cuenta con licencia emitida por el INAH y aun así permanece en Plaza Liberación.

El gobernador Enrique Alfaro Ramírez y el presidente Pablo Lemus, diciéndose conocedores de los reglamentos, afirmaron que era requisito el permiso tramitado ante el INAH, algo que la instancia ya desmintió.

jl