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Otros 6 años
El Presidente
La Fiscalía del Estado y el gobierno de Jalisco fácilmente borran de las estadísticas a personas. Como si nunca existieron. Hay un registro de fosas, pero este se limita a contabilizar a los cuerpos que encontraron enterrados en su totalidad. Si estaban semienterrados o en una barranca, como el lamentable caso de los ocho jóvenes del call center, no entran en el registro.
La cosa es que tampoco van a dar al registro de homicidios. Quedan, por decirlo de algún modo, en el limbo. Sólo en este año, de forma oficial, hay 704 homicidios y 185 más que han hallado en fosas. Es decir, suman 889 asesinatos. Pero, ¿cuántos más habrá que el gobierno está rasurando de los registros bajo este modo de operar?
Un valiente, tenaz y decidido ejemplo de familia que hace todo lo posible para encontrar a una integrante desaparecida, es la que exige que las autoridades hallen con vida a Sandra Analí Ramírez Hernández, de 33 años de edad. Familiares y amigos se manifestaron ayer ¡por octava ocasión, en menos de dos semanas!
Han bloqueado el Periférico y avenida Vallarta, los han enfrentado antimotines, los han insultado conductores, con fuerza gritan consignas, exhiben cartelones y anuncian que continuarán hasta saber de la joven desaparecida en Zapopan. Pero no hay resultados de la Fiscalía Especial. No la encuentran. Las desapariciones sumen a las familias en un páramo informativo.
El retiro en lo oscurito del antimonumento que recuerda que hace tres años el gobierno estatal cometió graves violaciones de derechos humanos ha sido condenado por el propio colectivo 5 de Junio Memoria, que lo colocó; por organizaciones como el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) y organismos como el Consejo Estatal Ciudadano del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas. Éste, además de reprochar la decisión al gobierno estatal y al ayuntamiento tapatío, se solidariza con las víctimas de la represión de hace tres años.
En cambio, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco enseñó el cobre y mostró de nuevo de qué lado batea, ya que no le entrará al tema del retiro del antimonumento 5J porque, argumentó, no ha recibido ninguna queja (además de que esta administración decidió no seguir de oficio casos denunciados por medios informativos) y porque considera que es un tema meramente de reglamentos y leyes que debe dirimirse en un tribunal. A su juicio, es un asunto totalmente jurisdiccional y deberá dirimirse ante los tribunales. Con esa defensora de derechos humanos, ¿ni a la esquina?
En síntesis sintética sintetizada el gobernador Enrique Alfaro Ramírez presumió ayer que en Jalisco bajaron los delitos, homicidios y feminicidios, y que la entidad está por debajo de la media nacional en incidencia delictiva total, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) del gobierno federal. Y subrayó, con tono ad hoc, que “no son los datos del gobernador del estado, son los datos del gobierno federal que explican cómo va Jalisco en materia de seguridad”.
Y, efectivamente, no son los datos de Alfaro, peeeerooo sí son los datos que proporciona la Fiscalía del Estado, dependencia a su cargo, al gobierno federal. El Secretariado Ejecutivo del SNSP aclara en su sitio web que las cifras de incidencia delictiva se refieren a la ocurrencia de presuntos delitos registrados en carpetas de investigación iniciadas en las agencias del Ministerio Público y “reportadas por las Procuradurías Generales de Justicia y Fiscalías Generales de las 32 entidades federativas, instancias responsables de la veracidad y actualización de las cifras”. O sea, que el gobierno federal no valida las cifras de Jalisco… esas que presume Alfaro…
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jl/I