Quinto Patio

Cobran lo que quieren, brincándose la ley y la obligatoriedad de usar el taxímetro ante unas autoridades que voltean para otro lado, por eso las muy pocas o nulas revisiones para que cumplan la disposición. Son taxistas amarillos quienes, con total impunidad, se niegan rotundamente a implementar este medidor con el objetivo de cobrar, a libre demanda, lo que ellos consideren pertinente… y hasta impertinente.

La que se hace de la vista gorda es la Secretaría del Transporte. Basta con echar un vistazo a las cifras emitidas por la propia dependencia, que reconoce que desde 2019 y hasta 2022, únicamente se emitieron 76 multas por no usar el taxímetro o utilizarlo inadecuadamente. No obstante, de estos cuatro años, en dos, curiosamente, no se emitió ninguna sanción. Lástima que quien termina pagando el pato son los usuarios.

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La crisis forense en Jalisco está lejos de ser resuelta. Tomando las palabras del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, en 2018 ocurrió una crisis porque había tráileres recorriendo la ciudad cargados de cadáveres. Él ha dicho en varias ocasiones que ahora ya no ve una crisis, porque esos tráileres ya no circulan. Sin embargo, tienen un pendiente de 380 cuerpos que estaban en dichas unidades y que no han sido reconocidos.

El gobernador cree que la crisis se mide sólo en recipientes, cuando la crisis tiene su origen en el rezago en la identificación y entrega de los cuerpos. Lo único que sucedió es que los cuerpos pasaron de un tráiler a gavetas, pero siguen en las mismas condiciones, continúa esa crisis de 2018 que se acentuó, ya que se acumularon más de 4 mil 200 cuerpos sin identificar. Nomás.

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En el Congreso local se tiraron netas en la sesión solemne por los 200 años del primer Congreso constituyente. La presidente de la Mesa Directiva, Hortensia Noroña, aprovechó su discurso en tribuna y advirtió que estaban presentes las máximas autoridades del Estado para pedirles y retarlas a proteger a las instituciones rumbo al próximo proceso electoral, para evitar que la delincuencia organizada intervenga en las elecciones.

No se fue por las ramas: señaló que debe de hacerse un frente ante la amenaza del crimen organizado de arrebatar el derecho democrático a que se decida libremente y también para evitar amenazas que atenten contra la libertad y la seguridad electoral. Y aunque el coordinador estatal de seguridad Ricardo Sánchez trató de minimizar la situación, argumentando que no es tiempo para hablar de esos temas, recordemos el obstáculo que puso un grupo delincuencial para organizar los comicios pasados en Jilotlán de los Dolores.

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En vez de aclarar dudas sobre las obras en el Parque San Rafael, realizadas por el Siapa y diversas autoridades, el gobernador prefiere descalificar las luchas que emprenden desde hace años vecinos de la zona. Ahora, los llamó “pillos”, lo cual es acusarlos de algo grave, y aseguró que la obra fue detenida por “algunos vividores de la política”. Si esto lo dijera un ciudadano promedio, llamado Enrique Alfaro, sería diferente, pero si quien lo dice tiene la investidura de mandatario estatal, entonces tiene otro peso político, jurídico y comunicacional. En eso, también es igualito a quien, desde Palacio Nacional, usa un rosario de calificativos a quienes lo critican.

Y es que especialistas advierten que, así como ocurrió en el Parque El Deán, donde se prometió que con la obra se acabarían las inundaciones, lo cual resultó falso, podría suceder algo similar con el depósito pluvial del Parque San Rafael, entre otras críticas. Escuchar a quienes ejercen su derecho a cuestionar no es una virtud democrática presente en el sexenio, estatal y federal.

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Hoy, Grito de Independencia en el Centro de Guadalajara. Ya escuchamos el barullo.

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