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El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Jalisco publicó que este año otorgó financiamiento local a nueve partidos políticos con un monto de 693 millones 514 mil 820 pesos en total, el cual, si se divide entre las 3 millones 768 mil 443 personas que votaron, da un promedio de 184 pesos que se gastaron por el voto de cada una.
Al hacer la comparativa, pero de manera individual, es decir, el financiamiento que recibió cada partido y los votos recibidos, los que costaron más fueron los de Hagamos, con un promedio de 584 pesos, y Futuro, con 574 pesos, además de los independientes, con 416 pesos.
El presupuesto de los partidos se compone del financiamiento de actividades ordinarias, actividades específicas y actividades tendientes a la obtención del voto. Todos los ingresos y gastos de los recursos de partidos políticos nacionales y locales son fiscalizados por el Instituto Nacional Electoral (INE) de manera permanente.
Andrea Bussoletti, integrante del Observatorio Político Electoral, recordó que los partidos políticos nacionales reciben una doble bolsa de asignación de dinero, lo que en cierta manera los pone en desventaja. “El punto es verlo como una inversión en una organización, tratar de ver si su capacidad de convencer a la gente es suficiente”.
Bussoletti recordó que la reforma de Sin Voto No hay Dinero dejó pendiente la transparencia en cómo se gasta el presupuesto asignado. “A los ciudadanos no llega con claridad cómo ha sido invertido el recurso. La gente se queda con la idea que el dinero se va a comerciales y espectaculares que ensucian y contaminan”.
Agregó que el problema no es que reciban el dinero, sino que necesitan mayor comunicación al respecto para ver en qué puede haber buenos o malos manejos, independiente a si pierden el registro.
Para este 2024, el IEPC de Jalisco otorgó un financiamiento público local a partidos políticos de 693 millones 514 mil 820 pesos, de los cuales, 113 millones 812 mil 28 pesos fueron para Futuro, Hagamos, PRD y PT.
De acuerdo con la ley, la fórmula para calcular el monto de los recursos para cada partido consiste en multiplicar el número de personas inscritas en el padrón electoral, vigente al 31 de julio de cada año, por el 65 por ciento del valor diario de la unidad de medida y actualización. El porcentaje que recibe cada partido se calcula con base en el porcentaje de votos obtenidos en las elecciones anteriores. Futuro y Hagamos obtuvieron su registro como partido político local en 2020.
Marcos del Rosario, especialista en derecho electoral por el ITESO, explica que si un partido político pierde el registro, ocurre lo mismo que con una empresa; es decir, entra en un proceso de liquidación del patrimonio.
“Por ejemplo, en el PRD lo que en este momento está ocurriendo es que el Instituto Nacional Electoral nombró a un interventor que tomó posesión ya de los bienes inmuebles y está haciendo un inventario y una custodia de los bienes muebles en lo que el Consejo General del INE formaliza la pérdida de registro”.
El académico detalla que se debe esperar a la formalización porque todavía hay impugnaciones derivadas de los cómputos distritales para entrar en el proceso de liquidación para solventar las obligaciones con las personas trabajadoras del partido, con los proveedores y todas aquellas instancias que tengan algún tipo de adeudo.
“Hasta que no se cubra con la totalidad de esas obligaciones no se podrá extinguir. Es un proceso que puede llevar tiempo, pero no necesariamente hay un plazo determinado”.
Cuando un partido pierde registro no puede contender para el siguiente periodo electoral; es decir, que sería hasta 2030 cuando podría regresar. Ilse Martínez
El artículo 96 de la Ley General de Partidos Políticos indica que al partido político que pierda su registro le será cancelado el mismo y perderá todos los derechos y prerrogativas que establece esta ley o las leyes locales respectivas, según corresponda. Además, detalla que, aunque la cancelación o pérdida del registro extinguirá la personalidad jurídica del partido político, pero quienes hayan sido sus dirigentes y candidatos deberán cumplir las obligaciones que en materia de fiscalización establece esta ley, hasta la conclusión de los procedimientos respectivos y de liquidación de su patrimonio.
jl/I