Empleadas del hogar, sin seguridad laboral

El 74 por ciento de las trabajadoras del hogar en Jalisco que recibe una remuneración por su labor no cuenta con prestaciones laborales, según datos difundidos por la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH) que se basan en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con la dependencia estatal, en Jalisco hay 174 mil 197 personas que se dedican al trabajo del hogar remunerado y, de ellas, 91.6 por ciento son mujeres. Es entre ellas que 74 por ciento no tiene prestaciones, según datos hasta 2023 de la ENOE.

La falta de prestaciones laborales implica que no cuenten con “vacaciones, aguinaldo, indemnización, prima vacacional, el pago de días feriados o descansos en días feriados, el pago de horas extras, etcétera”, explicó Tere Medina, facilitadora de Hogares Justos, estrategia de la SISEMH cuyo fin es desarrollar capacidades en mujeres trabajadoras del hogar remuneradas y empleadoras en derechos humanos, laborales y la prevención de las violencias en centros de trabajo.

Ante ese escenario, según la SISEMH, el sector también enfrenta condiciones de precariedad y violencia económica laboral e institucional por la falta de reconocimiento de sus derechos laborales, acceso a la seguridad social y condiciones justas y equitativas.

UN SECTOR CON PENDIENTES

Para arrojar luz sobre este sector, en 2021 se presentó el Diagnóstico sobre las barreras de formalización y de acceso a la protección social de personas trabajadoras del hogar remuneradas en el estado de Jalisco, y estrategia para su formalización y registro a la seguridad social, y desde entonces se advertía que quienes se desempeñan en este empleo de manera remunerada se desarrollan tanto en México como en Jalisco bajo condiciones de precariedad en términos de salarios y prestaciones laborales.

El documento fue realizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las Naciones Unidas en México y el gobierno del estado a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Entonces se advirtió que, hasta 2020, el 99 por ciento de las personas que conformaban el trabajo del hogar remunerado en Jalisco no contaba con un contrato por escrito.

También se detectó que, en Jalisco, hasta 2020, el ingreso promedio mensual en el sector era de 3 mil 617 pesos, cantidad por debajo del de urbes como Nuevo León y la Ciudad de México, donde las trabajadoras ganaban 5 mil 103 pesos mensuales.

El diagnóstico advierte que, debido a la precariedad en la que se desarrolla el empleo remunerado del hogar en Jalisco, las personas trabajadoras difícilmente pueden acceder a bienes y servicios básicos para una vida digna y, en caso de enfermedades, tienen un alto riesgo de incurrir en gastos “de su bolsillo”, lo que tiene efectos negativos y a largo plazo para su economía familiar.

El 38% de la población requiere cuidadoras

A través de la publicación del Programa Estatal de Cuidados Visión 2030, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH) informó que 38 por ciento de la población del estado requiere de algún cuidado o apoyo, lo que refleja la significativa demanda de personas cuidadoras.

De acuerdo con la SISEMH, la demanda de estos servicios se concentra principalmente en niñas, niños y adolescentes, personas que requieren cuidados temporales o permanentes por motivos de discapacidad o enfermedad y personas mayores de 65 años.

El programa referido recuerda que desde 2022 se reconoce en la Constitución de Jalisco el derecho a cuidar o recibir cuidados, así como que a partir de marzo de 2024 entró en vigor la Ley del Sistema Integral de Cuidados para el Estado de Jalisco, la cual pretende ser un instrumento que reconoce los cuidados como el cuarto pilar de protección social.

Con la estrategia estatal se busca reconocer los trabajos de cuidados, reducir la carga de las personas que los realizan de forma no remunerada, redistribuir labores en el ámbito familiar, recompensar a las personas cuidadoras con condiciones laborales y salariales justas, entre otras acciones.

GR