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El abogado de los amparos
Porque nos la quitaron
En lo que va del actual sexenio, entre enero de 2019 y junio de 2024, en la entidad se han abierto 62 carpetas de investigación por aborto, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Según el artículo 228 del Código Penal de Jalisco, se impondrán de cuatro meses a un año de prisión a la madre que, voluntariamente, procure el aborto o consienta en que otra persona la haga abortar con ese fin y que la interrupción del embarazo se efectúe dentro de los primeros cinco meses del embarazo.
El código añade que si el aborto se efectúa después de los primeros cinco meses del embarazo la pena se duplica. La misma sanción se impondrá al que haga abortar a una mujer a solicitud de ésta, “siempre que no se trate de un abortador habitual o de persona ya condenada por aborto, pues en tal caso la sanción será de dos a cinco años de prisión”.
En abril pasado, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito ordenó al Congreso de Jalisco la despenalización del aborto, pero a la fecha esto no ha ocurrido. Si la omisión continúa, legisladoras advirtieron esta semana que la legislatura podría incurrir en el delito de desacato.
De acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), organismo que en colaboración con otras organizaciones impulsó la estrategia legal para la despenalización del aborto, el objetivo es que “a ninguna mujer, hombre trans o persona no binarie gestantes, ni al personal de salud o a las personas que acompañan, se les criminalice por aborto”, por lo que pidieron a los legisladores de la actual legislatura que modifiquen el Código Penal de Jalisco.
*Hasta el mes de junio.
jl/I