EU va por más políticos mexicanos

El gobierno de Donald Trump ha comenzado a imponer restricciones de viaje y posibles sanciones financieras a políticos mexicanos de alto perfil, bajo la acusación de tener vínculos con la corrupción derivada del narcotráfico, así lo explica el periodista Tim Golden en una publicación del medio independiente PorPublica, citando de fuentes a funcionarios de Estados Unidos .

Esta medida, que representa una escalada en la presión estadounidense sobre México, ha afectado ya a figuras como la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, a quien se le revocó la visa estadounidense, y se espera que la lista se amplíe.

Las fuentes, que declararon bajo anonimato, indican que la lista de afectados incluye a varias decenas de políticos, identificados por agencias de inteligencia y seguridad. Entre ellos se encuentran líderes del partido gobernante Morena, gobernadores y allegados al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La gobernadora Ávila confirmó la revocación de su visa, aunque negó haber cometido ilícito alguno, y la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó ya una explicación a Estados Unidos sin éxito.

Estas acciones, explica la publicación, representan un desafío político para la administración de Sheinbaum, quien, a pesar de la histórica sensibilidad mexicana a la injerencia extranjera, ha buscado mantener una relación equilibrada con Trump, al tiempo que reafirma la soberanía de México y coopera en la lucha contra el narcotráfico.

Las restricciones se basan en la Sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite denegar visas a extranjeros con sospechas de colaboración en el tráfico ilícito de drogas. Además de la revocación de visas, algunos casos podrían incluir sanciones del Departamento del Tesoro, como la prohibición de hacer negocios con empresas estadounidenses y la congelación de activos financieros.

Esta iniciativa se enmarca en una estrategia más amplia de la administración Trump para combatir el fentanilo y otras drogas ilícitas, llegando incluso a considerar designar a carteles mexicanos como organizaciones terroristas. La revisión de la corrupción ligada al narcotráfico fue impulsada por un equipo de la Casa Blanca, que se basó en información de agencias de seguridad y inteligencia, y que, según se reporta, coincide con un archivo de la DEA de 2019 sobre funcionarios mexicanos con posibles vínculos criminales.

A pesar de las posibles implicaciones positivas en la lucha contra la corrupción, algunos funcionarios y exfuncionarios han expresado preocupación por el bajo umbral de prueba requerido para estas medidas, lo que podría generar conflictos con el gobierno mexicano. Sin embargo, la presidenta Sheinbaum ha adoptado una postura firme contra la corrupción, advirtiendo a los miembros de su partido sobre la necesidad de honestidad y la prohibición de cualquier relación con el crimen organizado o de cuello blanco.

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