Solicitan intervención internacional por reforma al PJ

El abogado defensor de derechos humanos, Zamir Fajardo Morales, solicitó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la aplicación de medidas cautelares para suspender parcialmente la reforma al Poder Judicial en México, ante posibles violaciones a derechos humanos.

Según explicó Fajardo Morales, el primer mecanismo que se activa en casos de este tipo es la CIDH, organismo que el colectivo Artículo 41 ya ha recurrido previamente. Este mecanismo toma su fundamento del Artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual faculta a la Comisión para observar la situación de derechos humanos en los Estados miembros.

“El objetivo es que tanto la Comisión como, en su momento, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, declaren que el Estado mexicano está violando diversos derechos humanos, así como principios fundamentales como el régimen democrático, la representatividad y el estado de derecho”, explicó el abogado.

Durante su visita a Washington, el 22 de mayo, Fajardo Morales presentó formalmente una solicitud de medidas cautelares. Estas buscan que, dentro de sus facultades, la Corte suspenda la aplicación de ciertas disposiciones de la reforma judicial, al menos hasta que se determine si estas vulneran derechos humanos. En caso afirmativo, se espera que se garantice la protección de las víctimas.

El abogado subrayó que con este proceso se pretende que la reforma sea sometida a revisión con enfoque en derechos humanos. “Buscamos que se repare el daño ocasionado no solo a derechos individuales de víctimas y sus familias, sino también a bienes colectivos como la democracia y el estado de derecho”, agregó.

Respecto a la obligatoriedad de cumplir las resoluciones de la Corte Interamericana, Fajardo Morales enfatizó que el Estado mexicano está comprometido a acatar sus decisiones, debido a los tratados y convenciones internacionales que ha firmado. Aunque estos organismos no forman parte del orden constitucional mexicano, sí tienen la capacidad de revisar leyes y normas para verificar su compatibilidad con los derechos humanos.

“No se trata solo de un cumplimiento voluntario, sino de un deber jurídico internacional. Ignorar las resoluciones implicaría un riesgo serio de recibir condenas internacionales por violación a derechos humanos”, advirtió el abogado.

GR