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Aunque se enojen en el centro
Justificación
Marvin Alexis N y Ernesto N, los elementos activos de la Policía de San Cristóbal de la Barranca que fueron detenidos el lunes tras un operativo mediante el que se rescató a dos jóvenes originarios de Michoacán, quienes habrían sido traídos a Jalisco bajo falsas promesas de empleo, declararon que las dos personas rescatadas serían familiares de la alcaldesa de ese municipio, Karina Guzmán Cardona.
El operativo referido se desarrolló la tarde de ayer en las inmediaciones de la Nueva Central Camionera, en Tlaquepaque. De los dos jóvenes rescatados, uno es menor de edad.
De acuerdo con las investigaciones realizadas hasta ahora por la Fiscalía del Estado (FE), la detención se llevó a cabo luego de que civiles notaran una situación sospechosa en la terminal de autobuses, lo que permitió a elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado (SSE) interceptar una patrulla municipal que transportaba a los jóvenes.
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó que el caso ha abierto dos líneas principales de investigación. La primera, basada en la versión de los policías detenidos, sostiene que los jóvenes serían familiares de Guzmán Cardona, pero esta afirmación no ha sido confirmada por ninguna instancia oficial.
Ante estos señalamientos el mandatario estatal anunció que la alcaldesa sostendría una reunión con el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora Zamora, con el objetivo de aclarar cualquier posible vínculo personal o institucional con los hechos.
Al anochecer, mediante un posicionamiento difundido en sus redes sociales y en las del Municipio de San Cristóbal de la Barranca, Guzmán Cardona condenó lo sucedido y “el actuar indebido de elementos de la Policía municipal”, y llamó a la FE a realizar todas las investigaciones y diligencias necesarias con el fin de deslindar responsabilidades y esclarecer los hechos.
“Quiero dejar muy claro que trabajaremos en coordinación total con el Gobierno del Estado de Jalisco para erradicar la inseguridad, colaborar con las autoridades correspondientes y brindar toda la información necesaria para que este caso se resuelva de manera puntual y con apego a la ley. Si se confirma que se utilizó la corporación municipal para cometer actos ilícitos, exigiremos que se aplique todo el peso de la ley a los responsables”, detalló.
A la par aclaró que las personas detenidas no tienen relación familiar con ella, por lo que negó “de manera categórica las afirmaciones que han circulado al respecto. No aceptamos la desinformación ante una situación tan delicada”.
La segunda línea de investigación en este caso, según Lemus Navarro, apunta a un posible intento de reclutamiento forzado. Las autoridades presumen que los jóvenes habrían sido contactados a través de redes sociales con ofertas de empleo falsas que suelen ir hasta los 5 mil pesos semanales, una modalidad delictiva cada vez más recurrente en la región.
En el operativo también fue detenida Andrea Montserrat N, quien acompañaba a los jóvenes, así como los policías. Los tres quedaron a disposición de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, que indaga su posible responsabilidad en el delito de trata de personas.
Las autoridades informaron que los jóvenes serán reintegrados con sus familias mientras avanzan las indagatorias para deslindar responsabilidades.
jl/I