Quinto Patio

El pasado fin de semana se pusieron muy nerviosos quienes controlan al Poder Judicial. Resulta que comenzó a circular un corrido en el que cuentan la historia de cómo opera la justicia en el estado y mencionan por su nombre o apodo a quienes, se asegura, han hecho de la administración de la justicia un buen negocio. Se menciona en primer lugar a Rafael Martínez, ex cuñado del ex gobernador Enrique Alfaro Ramírez y quien, según rumores reiterados, es quien mueve los hilos en el Poder Judicial.

En el corrido se habla también de Carlos Arias, quien también es un secreto a voces que controla a la mayor parte de los jueces. El corrido afirma que la justicia es un negocio y se cita por su apodo a una persona conocida como Cobra y su Güerita. Aprovechan para asegurar que los criminales son intocables, mientras encarcelan a los que cantan corridos. También afirman que la “mafia” se montó cuando el presidente del Poder Judicial era Daniel Espinosa Licón y que el notario Arturo Ramos es quien “legaliza los delitos” y que si “el poder” le echa el ojo a algún inmueble, simplemente se lo quitan a su propietario.

Para terminar, advierten que ya están vigilados por “Don Polo” y que viene la venganza. Lo que nos faltaba a los jaliscienses, que a través de la música nos enteremos de lo que ocurre en la entidad.

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El viernes pasado 13 trabajadores del Congreso del Estado renunciaron al sindicato que encabeza César Íñiguez, hasta ese momento el mayoritario. Ese podría ser el número de la mala suerte para el líder sindical, aunque más bien lo que se rumora es que enfrentaba ya diversos conflictos, entre ellos un caso de acoso sexual y que un vehículo que pagó el Poder Legislativo y se rifó entre sus agremiados en diciembre pasado no ha sido entregado todavía.

Lo cierto es que con estas y otras renuncias de días previos, Íñiguez se quedó con 249 trabajadores y el sindicato que encabeza Alberto Mercado, con 256. Es la primera vez que el sindicato oficial pierde la mayoría y, por ende, todos los beneficios que ello implica. También se dice que más de algún diputado colaboró para que ese cambio se diera, pues ya estaban cansados de las peticiones que César Íñiguez les hacía.

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Y en más del Poder Judicial, pero federal, hasta este patio han llegado quejas de abogados sobre una paralización en el trabajo en la Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Según los litigantes, desde que llegó un magistrado de nombre Ricardo León se dieron varios cambios entre el personal, incluyendo la llegada de personas que no pueden sacar adelante el trabajo, además de algunos despidos de personal que ya tenía varios años en esta sala. La principal consecuencia, aseguran, es un gran retraso en las resoluciones.

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El fuego no sólo calcinó bodegas y cobró vidas, sino que también dejó al desnudo una cadena de omisiones tan inflamable como la pólvora. Durante los primeros cinco meses de 2025, Jalisco ha registrado 30 incendios industriales y ni una sola de las empresas afectadas cumplía con las normas de Protección Civil. ¿Descuido o complicidad institucional? Que se den por aludidos tanto los municipios como el estado.

El caso más trágico fue el incendio en la zona industrial de El Álamo, donde murieron cinco personas y otras resultaron heridas. La empresa –que operaba sin cumplir con la normatividad básica– no fue detectada ni sancionada hasta que ardió en llamas. Literalmente.

Lo más indignante, cuentan los que conocen el teje y maneje de la burocracia, es que las autoridades reaccionaron con su acostumbrado reflejo tardío: anunciar una nueva norma de seguridad... después de que la tragedia ya estaba escrita. Al parecer, en Jalisco las leyes se redactan entre humo y cenizas.

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