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Los López amparándose
Porque nos la quitaron
La reciente renuncia de Rosendo Gómez Piedra como fiscal especial para el caso Ayotzinapa fue calificada como un “movimiento positivo” por parte de las familias de los 43 normalistas desaparecidos, así lo afirmó Vidulfo Rosales, abogado de los padres y madres de los estudiantes.
El abogado señaló que durante la gestión de Gómez Piedra no se impulsaron las principales líneas de investigación del caso, y que incluso intentó “retroceder” al retomar hipótesis ya descartadas, como la del basurero de Cocula. “Para nosotros, el paradero de los jóvenes no se encuentra ahí. Hay otros lugares, otros indicios que deben ser explorados”, apuntó.
Vidulfo Rosales, quien ha acompañado a las familias desde los primeros días tras la desaparición forzada en 2014, aseguró que la investigación se estancó desde agosto del año pasado, cuando se rompió el diálogo con la administración federal anterior. “Con la llegada del nuevo gobierno hay disposición al diálogo, pero la investigación sigue sin tomar rumbo”, lamentó.
Uno de los principales obstáculos para avanzar, dijo Rosales, sigue siendo el Ejército Mexicano. Afirmó que la institución posee un cúmulo de información para esclarecer los hechos del 26 de septiembre de 2014, pero se ha negado a entregarla. “Se requiere voluntad política para que el Ejército colabore. Esa es la verdadera prueba para la presidenta”, enfatizó.
Pese a mantener un diálogo fluido con la presidenta Claudia Sheinbaum, Rosales advirtió que aún no se ve un impulso decidido para reactivar las investigaciones más prometedoras, entre ellas la que sostiene que al menos 17 estudiantes habrían sido llevados a la Barandilla Municipal de Iguala, donde podrían haber sido asesinados.
Respecto al enfoque de la actual administración, Rosales explicó que se busca una nueva estrategia basada en herramientas tecnológicas, como análisis telefónicos y de geolocalización, en lugar de testimonios directos o colaboradores. “Nos parece una apuesta correcta, pero no puede abandonarse lo ya avanzado. Es necesario retomar las líneas que tienen base probatoria”, insistió.
El abogado también expresó preocupación porque las detenciones recientes están vinculadas nuevamente al basurero de Cocula, lo cual refuerza la percepción de un retroceso en la investigación.
Sobre si aún existe esperanza de encontrar a los 43 estudiantes, Rosales fue claro: “Sí, porque hay elementos sólidos en diversas líneas. Pero se necesita decisión política y jurídica para seguirlas. La voluntad del gobierno debe traducirse en acciones”.
Finalmente, reiteró que lo que sigue es reactivar todas las líneas de investigación varadas desde el año pasado. “El cambio de fiscal debe ser una oportunidad para recomponer el rumbo. De lo contrario, solo seguirá aumentando la frustración de las familias, que después de casi 11 años siguen esperando verdad y justicia”.
El nombramiento del nuevo fiscal, Mauricio Pazarán Álvarez, será clave para determinar si habrá un impulso al caso Ayotzinapa, una herida abierta en la historia del país.
GR