El gobierno del estado rechazó que Elizabeth Castro Cárdenas estuviera comisionada a alguna dependencia del Poder Ejecutivo o a alguna área dependiente de Maye Villa, esposa del gobernador Pablo Lemus Navarro. 

Desde Casa Jalisco se precisó a NTR Guadalajara que Castro “no está comisionada a ningún lugar” en el Poder Ejecutivo y que es “completamente falso” que labora con la presidenta del DIF Jalisco. 

La aclaración se hizo después que la ex funcionaria respondiera a un ciudadano que la cuestionó en la red social X a qué área estaba comisionada. Castro Cárdenas contestó: “Les andamos dando de comer a los que dicen ser Periodistas y que las personas que son veletas les creen por qué me vez preocupada? Jjajaja mira las horas fechas y días aquí está todo en mi red si Comisionada y con la esposa del gobernador (sic)”. 

Anteriormente, cuando estuvo en la nómina del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa), Castro Cárdenas reconoció que no laboraba ahí y aceptó que estaba comisionada a otra área, pero no precisó a cuál.  

El 27 de junio, NTR Guadalajara dio a conocer que Elizabeth Castro fue contratada por el Siapa como asesora técnica del director Antonio Juárez Trueba pese a no tener los conocimientos para ese cargo, el cual es el segundo de mayores percepciones en el organismo, solo por debajo del propio director. Por ostentarlo se le pagaban 73 mil 784.78 pesos mensuales brutos.  

Después de darse a conocer esta información, Castro Cárdenas hizo una transmisión en vivo en X de una reunión con el ciudadano Juan Pablo Macías Salazar en la que reconoció que sí cobraba en el Siapa, pero no laboraba en el organismo operador del agua, ya que estaba comisionada a otra dependencia que no precisó. Días después, el 30 de junio, el Siapa determinó no renovarle el contrato a partir de esa fecha tras una evaluación interna.  

Aun así el Órgano Interno de Control del Siapa abrió una investigación sobre esa contratación y determinó que había falta grave de parte de tres funcionarios que intervinieron en la contratación: el propio Juárez Trueba, así como del director de Administración del Siapa, Carlos Alberto Patiño Velázquez, y el subdirector de Recursos Humanos, Russel Rubén Ruvalcaba Guerra, además de Elizabeth Castro. 

Las conclusiones de la investigación, que fue respaldada por la Contraloría del Estado, fueron remitidas al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), para que se determinen las sanciones que se deben aplicar contra quienes incurrieron en falta grave. Aún se desconoce el rumbo de estos procesos.  

En el proceso de investigación del órgano de control del Siapa, Juárez Trueba admitió que la decisión de contratar a Elizabeth Castro como su asesora técnica fue de él y rechazó que hubiera incurrido en alguna irregularidad, pues, dijo, “tengo atribuciones para nombrar y remover al personal de las unidades administrativas que conformen ese organismo operador”. 

Sobre los señalamientos de que no cubre los requisitos que marca el Perfil de puestos del Siapa para ese cargo, dijo que ese documento “es una herramienta enunciativa más no limitativa en el proceso de selección de personal”, en el que se habla del perfil que deben tener los funcionarios “preferentemente”. Para él, agregó, eso significa “una recomendación o una sugerencia de la opción más conveniente, aunque no necesariamente la única posible”. 

Juárez Trueba también se refirió a la transmisión que hizo Elizabeth Castro en vivo en sus redes sociales, en la que aseguró que cobraba en el Siapa, pero no laboraba ahí. El director del organismo dijo que el video “pudo ser alterado”. 

Finalmente, sobre las tareas que realizaba la ex funcionaria, explicó que se le encargaban “aquellas que sean delegadas por sus superiores jerárquicos” y que él era su superior jerárquico, por lo que tenía la atribución de “delegar funciones diversas a las del perfil de puesto” y que “no necesariamente de las mismas debía existir registro de entregables”. 

En su cancha 

La investigación que hizo el Órgano Interno de Control del Siapa sobre el caso Eli Castro fue remitida tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) como a la fiscalía anticorrupción para que se determinen las sanciones contra quienes incurrieron en falta grave por su contratación. A la fecha se desconoce cómo van esos procesos.

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