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Guadalajara
Espinoza Licón
Los tres años en funciones de los 39 diputados locales de la Sexagésima primera Legislatura resultaron caros para los jaliscienses: gastaron 2 mil 481.9 millones de pesos, por lo que cada decreto aprobado costó 1.7 millones de pesos.
El corte se hizo hasta el 17 de octubre, dos semanas antes de terminar su periodo. La actual legislatura avaló mil 395 decretos, lo que representa un millón 779 mil 190 pesos por cada iniciativa de ley aprobada.
Por otro lado, cada legislador le costó a Jalisco 63.6 millones de pesos, siempre un costo por arriba de la media nacional y de la Cámara de Diputados federal, según los propios informes del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
El investigador del Imco Ramiro Suárez justificó este tipo de mediciones de presupuestos totales entre número de diputados o habitantes para identificar cuántos recursos necesita un Congreso para que pueda funcionar, y también compararlo con sus homólogos.
Aclaró que cuando analizaron los números de la actual legislatura encontraron que “en ningún otro congreso el gasto en servicios personales es tan alto como en Jalisco”.
Una de las razones de este hecho fue que tiene uno de los números de empleados más alto del país, con casi mil personas y sin un servicio civil de carrera.
“Son indicadores de que hay una mala planeación del gasto, que existe un dispendio al interior de la legislatura local”.
El representante de Imco advirtió que deben presentarse las iniciativas que realmente se necesitan y deben ser un contrapeso del Ejecutivo y no sólo por hacer volumen.
“El hecho de que los diputados locales presenten mil iniciativas en un año eso de poco sirve; yo creo que si presentaran 10 iniciativas y estas iniciativas fueran las mejores, tienen mayor calidad que las mil iniciativas que se presentan”.
Augusto Chacón, del Observatorio Jalisco Cómo Vamos, advirtió que si no se toman en cuenta las otras responsabilidades del Poder Legislativo y sólo se mide con iniciativas aprobadas, la evaluación se quedaría corta.
Incluso pidió que se evalúen las ya aprobadas para ver si no quedaron obsoletas.
“Además, ya no deberían estar haciendo tantas leyes, podríamos medir cuántas leyes y reglamentos quedaron obsoletos y ya no funcionan, porque hay muchos que necesitarían pasar por esa revisión”.
Chacón comentó que es necesario saber si se elaboran las leyes pertinentes y dan de baja las que ya no lo son.
El investigador del Imco insistió en que debe evaluarse la calidad de los decretos aprobados para ver su trascendencia y su impacto social; a nivel nacional, por ejemplo, Jalisco destacó por la reducción de financiamiento a partidos políticos, quitar el fuero constitucional y obligar a presupuestar bajo el principio de transparencia.
Estos temas convirtieron al Congreso del Estado en un referente nacional, indicó.
Alberto Bayardo, del Observatorio Legislativo del ITESO, comentó que no debería pesar tanto el número de iniciativas presentadas porque incentivaría a que se aumentara el número para evitar que sean menos caras, cuando debe buscarse calidad.
“Las leyes tienen un potencial enorme para beneficiarnos, no para perjudicarnos, entonces no se deben estar haciendo al vapor. En ese sentido, creo que convendría más que hicieran pocas, pero bien hechas”.
Mencionó que también deben revisar qué tanto se evitó que funcionarios corruptos siguieran operando a través de los juicios políticos.
“De hecho, creo que ninguno de los que estuvo sometido a juicio político fue destituido fuera de Luis Carlos Vega Pámanes (ex titular del Poder Judicial), ahí la opinión pública ya lo había juzgado, pero hay otros casos que están ahí, que no se ven que avancen”.
Bayardo comentó que encontraron que no hay servicio civil de carrera y que se despidió a personal que luego se tuvo que recontratar, como el ex director de Recursos Humanos, José Antonio de la Torre.
Hasta noviembre sacarán su propia evaluación de toda la legislatura.
Augusto Chacón advirtió que el Congreso local tiene otras responsabilidades, como la aprobación de cuentas públicas, de juicios políticos y de comparecencias para cumplir con su obligación de ser un contrapeso.
“Ése es un asunto muy importante porque habla de los contrapesos con los otros poderes y tenemos que saber cómo los está jugando el Poder Legislativo hacia el Ejecutivo y el Judicial”.
El titular de este observatorio aseguró que el Congreso local no realizó el contrapeso con los otros poderes como debería, y una muestra fue que la sociedad civil propició el debate para evitar nombramientos de cuates en el Sistema Anticorrupción del Estado (SAE).
“Pero no hubo un contrapeso como el que necesitamos, que sobre todo que lo vamos a medir puntualmente en la revisión de las cuentas públicas y en la aprobación del presupuesto, ¿qué variaciones hubo al presupuesto que el gobernador envió cada año?, ¿de veras lo intervinieron?, ¿hubo subejercicios?”.
Tan sólo en la última sesión del 17 de octubre, los diputados locales avalaron quitar los cargos fiscales por 175.7 millones de pesos a 58 cuentas públicas de todos los colores partidistas bajo el argumento de que habían entregado información que justificaba los gastos sin comprobar que habían dictaminado dos veces la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) y una vez la Unidad de Vigilancia, el órgano técnico de la comisión legislativa en la materia.
Sólo los diputados Pedro Kumamoto, independiente, y Verónica Franco, y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), votaron a favor de fincar los cargos, pero en la sesión no hicieron ningún pronunciamiento sobre esta limpieza de cuentas públicas.
El titular de la Comisión de Vigilancia, Hugo Ruiz Esparza, advirtió que la actual legislatura sólo había fincado 313 millones de pesos en cargos fiscales, convirtiéndose en las únicas anomalías financieras, que deben ser cobradas por cada ayuntamiento o por la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas.
De las 714 cuentas públicas que recibió la actual legislatura, sólo pudieron dar trámite a 707 y el resto se quedó como pendiente.
Antes de conocerse este perdón de cargos a cuentas públicas, Augusto Chacón reconocía que el Congreso local no había puesto a nadie a sufrir por este tema.
“¿Todos los Municipios están entregando bien sus cuentas?, ¿el Congreso va al día en la revisión de esas cuentas?, ¿el presupuesto ha sido eficaz? Ésa es su revisión, ése es parte de su función y eso es parte de ser contrapeso”, cuestionó y recientemente se descubrió que no fue así.
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FRASES
“Son indicadores de que hay una mala planeación del gasto, que existe un dispendio al interior de la legislatura local” Ramiro Suárez, investigador del Imco
“Las leyes tienen un potencial enorme para beneficiarnos, no para perjudicarnos, entonces no se deben estar haciendo al vapor” Alberto Bayardo del Observatorio Legislativo del ITESO
“Ya no deberían estar haciendo tantas leyes, podríamos medir cuántas leyes y reglamentos quedaron obsoletos y ya no funcionan” Augusto Chacón del Observatorio Jalisco Cómo Vamos
Necesario. Deben evaluarse las iniciativas aprobadas, asegura Augusto Chacón. _____________
Otra manera de ser un contrapeso es la facultad del Congreso del Estado de mandar llamar a funcionarios para explicar algún tema, y aunque lo han intentado en varias ocasiones, no ha fructificado.
En tres años se pidieron las comparecencias del ex titular del Poder Judicial, Luis Carlos Vega Pámanes, por irregularidades en el estacionamiento de Ciudad Judicial; del ex titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, por sus ineficaces acciones; del ex fiscal general Eduardo Almaguer Ramírez por la estrategia de seguridad, y del ex titular de la Secretaría del Trabajo Luis Carlos Nájera, por su nueva encomienda; estos llamados nunca procedieron y ya hasta dejaron de ser funcionarios.
Tampoco avanzaron las peticiones de información para el secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, por la aparición de tráileres con cuerpos, la Presa El Zapotillo y el Escudo Urbano C5; al titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, Netzahualcóyotl Ornelas, por denuncias por moches en obras y la Línea 3 del Tren Ligero.
La única que sí procedió fue contra funcionarios administrativos por las anomalías en gastos de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Jessica Pilar Pérez
1,395 decretos aprobados
39 diputados
Gasto total de 61 Legislatura
$2,481’970,893.36
Costo por iniciativa
$1’779,190.60
Costo por diputado
$63’640,279.32
313 mdp cargos fiscales fincados en toda la legislatura
175,7 mdp de cargos fiscales perdonados en 58 cuentas públicas en una sesión
JJ/I