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El Grupo de Consulta sobre los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores quedó instalado y presentó una serie de lineamientos y propuestas para evitar la discrecionalidad de las autoridades.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) conformó el grupo con especialistas en derechos humanos, así como en distintas disciplinas de la salud. Participan su Consejo Ciudadano, el área de salud de la Primera Visitaduría y sus secretarías técnica y ejecutiva.
Las medidas no deben ser discriminatorias para mitigar los contagios por Covid-19, “no deben quedar a la discrecionalidad de la autoridad ni a la interpretación de quienes las ejecuten, de ahí la necesidad de definir reglas claras para su aplicación”, resalta el documento.
“La pandemia por SARS-CoV-2 es una crisis de salud que no debe convertirse en una crisis de derechos humanos”.
De manera emergente, el Grupo solicita garantizar atención médica a las personas que lo requieran por cualquier enfermedad, accidente o padecimiento, además de informar con claridad qué instancias de salud pueden atender a la población.
También de manera emergente solicita diseñar e implementar programas de salud mental dirigidos a la sociedad en general con atención tanatológica y cuidados paliativos.
El Grupo pidió al gobierno de Jalisco instalar un mecanismo de gobernanza para escuchar las voces de las personas adultas mayores y de especialistas, así como de las autoridades en la materia, para generar políticas públicas de forma transversal e integral.
El gobierno debe diseñar y ejecutar con perspectiva de derechos humanos sus acciones para evitar afectaciones a los grupos sociales, según los lineamientos. Esas medidas deben responder a la vida cotidiana de la población para que tengan éxito.
Otra solicitud es mantener una mesa permanente de seguimiento y evaluación de las medidas para una reacción inmediata ante las eventualidades.
El documento exhorta a implementar medidas de vigilancia del cumplimiento de las disposiciones sanitarias con énfasis en la población de alto riesgo o vulnerable, por ejemplo, las personas mayores institucionalizadas, con discapacidad, privadas de la libertad, migrantes y en situación de calle. Deben tener sustento en estudios epidemiológicos.
Un punto del documento pide sensibilizar a la población acerca de los alcances y efectos de la vacuna contra el Covid-19.
Las propuestas también llaman a los legisladores jaliscienses en el Congreso de la Unión para promover la suscripción de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
EH