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¡No!, al aumento
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Los caprichos del presidente de la República nos salen muy caros a la ciudadanía; ahora tiene intención de llevar a consulta o encuesta la permanencia de la Guardia Nacional hasta 2028. El pequeño detalle que pasa por alto el presidente es que según el artículo 35 de la Constitución mexicana, “no podrán ser objeto de consulta popular (...) la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente”. Este mismo contexto lo vivimos con la consulta que impulsó el Ejecutivo federal respecto a juzgar a los ex presidentes de México, y que tuvo un costo de 528 mdp, pero que de nada sirvió jurídicamente hablando; hoy no tenemos a ningún ex presidente siendo procesado.
Ahora, ante la imposibilidad de lograr que la propuesta de reforma que busca otorgar el control operativo y administrativo del cuerpo policial a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pase, debido a la falta de la mayoría calificada, así como de la iniciativa que actualmente se discute en el Senado sobre la permanencia del Ejército en tareas de seguridad pública hasta 2028, y ante la posibilidad de que se realice la consulta a través de la Subsecretaría de Gobernación, aunque no sea vinculante, para Andrés Manuel López Obrador esto sólo es una vía paralela a la discusión que se daría cuando de nueva cuenta se presente la iniciativa de reforma ante la Cámara de Diputados y continúe en análisis de reforma a ley secundaria que regula la Guardia Nacional en el Senado.
Más allá de que esta consulta se realice los primeros meses de 2023 y de analizar la viabilidad de que sea la Subsecretaría de Gobernación la que la lleve a cabo, las preguntas que propuso el presidente resultan ambiguas, dan opción a contestar con un sí y un no a la vez, incluso sugiere dar opinión, lo que resulta imposible, ya que sea encuesta o consulta las preguntas solo deben tener como respuesta un no o un sí, pero no una opinión.
Como en muchos otros temas que promueve el Ejecutivo federal, esta no es la excepción y la consulta o encuesta tiene una vena gruesa de irregularidad, se ha vuelto costumbre la ilegalidad sin que nadie, incluyendo la mal llamada “oposición”, se manifieste al respecto. Esta intención de consulta es una más de ellas, aunque le cambien el nombre a encuesta y venda la idea de que no costará recurso público, tendrá otro tipo de costo, por un lado el costo ciudadano que implica que el presidente de la República insista en posicionar temas lejanos a la urgencia de resolver de manera prioritaria la inseguridad y la violencia, y por otro lado, por supuesto tiene un costo, el hecho de que personas funcionarias públicas incluyendo él dediquen horas laborales a la promoción y organización de encuestar o consultar nos cuesta porque dedican horas a estos temas y dejan de atender lo que verdaderamente les corresponde.
Ante la actitud caprichosa de AMLO sobre la militarización del país y la ausencia de otra propuesta que no sea la captura de la seguridad pública por los militares, la ciudadanía e incluso los propios gobernantes de otros partidos apoyan la propuesta de militarización, ya que tienen miedo a quedarse “solos” con la responsabilidad de la seguridad pública frente a policías estatales o municipales que no cuentan con la capacidad de reacción frente a las acciones violentas del crimen organizado. Nos resta decir que tal y como advertía Platón: “Los hombres sabios hablan porque tienen algo que decir, los necios porque tienen que decir algo”. Aquí el necio es el presidente de la República.
*Doctora en Derecho
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jl/I