Aseguran club Puerta de Hierro y cuentas

Por buscar destinar un área de uso común de Puerta de Hierro a la construcción de una torre de departamentos, un juez federal determinó este lunes el aseguramiento del club del lugar y de las cuentas bancarias de los desarrolladores del fraccionamiento por un monto de hasta 500 millones de pesos (mdp).

La resolución, emitida por el juez décimo sexto de distrito en materias Administrativa, Civil y del Trabajo, José Armando Jiménez Hernández, corresponde a una acción colectiva difusa promovida por habitantes del fraccionamiento, el cual comenzó a desarrollarse en 1987 por los hermanos Omar Raymundo, Rafael, Armando y Guillermo Gómez Flores, así como la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG).

El desarrollo habitacional se asentó sobre 132 hectáreas, en dos predios denominados El Torreón y San Ramón, ubicados al norte de la UAG, en la prolongación de la avenida Acueducto y Periférico.

En 1987, cuando el representante del desarrollo, Raymundo Gómez Flores, presentó la petición para la subdivisión y autorización, al Municipio se debía entregar como donación para áreas de uso común el equivalente a 15 por ciento de la superficie vendible, es decir, 169 mil 962 metros cuadrados (m²), pero esto no ocurrió.

Además, en la autorización del Ayuntamiento de Zapopan al fraccionamiento, correspondiente al oficio 516/97, el Municipio encontró que entre las áreas de donación que entregaron los desarrolladores para escrituras había “varias superficies en las cuales quedaron incluidas zonas federales”.

Su acreditación como tal se condicionó a que los promotores realizaran ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) “los estudios topográficos necesarios, estudio hidrológico requerido por dicha dependencia, estudios de hidráulica fluvial, delimitación de zona federal en planos y amojonamiento definitivo”; sin embargo, los trámites nunca se realizaron, según consta en la respuesta que dio la dependencia federal en el oficio del 28 de septiembre de 2021.

Al analizar el caso, el juez determinó que los ciudadanos que demandaron no tuvieron condiciones para conocer los términos en que se entregaron las donaciones al Municipio. En 2018, el desarrollador decidió cerrar el club para construir la torre y entonces los colonos se dieron cuenta de las anomalías en las áreas de donación, por lo que demandaron. En respuesta, los impulsores del fraccionamiento pidieron desechar el recurso, pero esto no ocurrió.

Además, el juzgador recordó que en el expediente puede constatarse que “las autoridades municipales ya habían advertido que en las donaciones que se entregaron al Municipio quedaron incluidas zonas federales”.

En su demanda contra el desarrollo de una torre al interior del fraccionamiento y las irregularidades con las áreas de cesión, colonos señalan que el club es la única área verde y recreativa dentro del centro urbano.

Por su parte, los desarrolladores aseguran que el predio donde se construyó el club siempre fue privado, pero el juez precisó que “este tipo de superficie pasa a un régimen de dominio público, pero con la finalidad de ser utilizada como equipamiento urbano en beneficio de la comunidad actora”.

Bajo ese supuesto Jiménez Hernández ordenó “el aseguramiento registral” del inmueble donde está el club Puerta de Hierro, de 48,615.72 m², para que “no sea transmitido de forma alguna o impuesto carga o gravamen del mismo”.

Además, prohibió a las autoridades municipales “autorizar o permitir la demolición, urbanización o construcción en el inmueble materia de aseguramiento, así como permitir variaciones urbanísticas sobre el mismo”.

La resolución también determina que harían falta 82 mil 856.76 m² para áreas de uso común. Para compensar el faltante, el juez consideró un avalúo de los empresarios del club Puerta de Hierro en el que se calcula el costo del metro cuadrado en un mínimo de 15 mil 334.44 pesos, lo que arroja un valor de más de mil 270 mdp.

Para garantizar ese monto, el juez finalmente ordenó “el aseguramiento de cuentas bancarias de los demandados hasta por el importe de 500 millones de pesos”.

PARA EL MUNICIPIO

El juez José Armando Jiménez Hernández prohibió a las autoridades municipales “autorizar o permitir la demolición, urbanización o construcción en el inmueble materia de aseguramiento, así como permitir variaciones urbanísticas sobre el mismo”.

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