Un año de impunidad en Matatlán

El pasado 3 de febrero se cumplió un año del asesinato de la abogada y luchadora ambiental Verónica Patricia Guerrero Vinueza, un crimen que sigue impune y sin esclarecer.

A ella la conocí y entrevisté en diciembre de 2021, cuando apenas tenía dos meses de haber sido reactivado, de forma irregular, el basurero de Matatlán, al norte de Tonalá.

La empresa concesionaria de la gestión de los residuos, Caabsa Eagle, ya violaba la norma al operar en dicho sitio una estación de transferencia sin autorización ambiental. 

Sin embargo, en noviembre de 2021 transgredió la ley al comenzar a depositar, de forma permanente, miles de toneladas de basura recolectadas diariamente en Guadalajara y Tonalá. 

Verónica Guerrero vivía en el fraccionamiento Urbi Quinta, a menos de un kilómetro de dicho basurero emergente e irregular, por lo que se organizó con sus vecinos para luchar por su salud y medio ambiente. 

El 12 de diciembre de 2021, los vecinos organizados bloquearon el camino a Matatlán, impidiendo el paso de más camiones de Caabsa hacia el basurero, como medida de presión para que las autoridades municipales y el gobierno del estado frenaran el crimen ambiental que diariamente se llevaba a cabo a plena luz del día. 

“Nos decidimos reunir los vecinos que estamos más interesados, para poder ya impedir que sigan trayendo más basura aquí al tiradero; está tan cerca que por las tardes, en las noches, en la mañana, tenemos un olor horrible a basura, te despiertas y parece que tuvieras el bote de basura a un lado de tu cama”, nos explicó Verónica Guerrero en entrevista durante esa protesta y llamó directamente al alcalde de Tonalá, Sergio Chávez Dávalos, y al gobernador Enrique Alfaro Ramírez a darle apoyo a los habitantes y clausurar el basurero irregular, en torno al que viven alrededor de 10 mil personas. 

Pasaron las semanas, Caabsa seguía operando el sitio impunemente, y los vecinos comenzaron a ser intimidados. Presuntos pepenadores y trabajadores de Caabsa arrancaban por la fuerza las lonas que vecinos pegaban con mensajes contra el basurero. Agredían verbalmente y les aventaban el camión recolector a los grupos de manifestantes que en distintas protestas les cerraban el paso. 

Las agresiones fueron en aumento hasta que, al mediodía del 3 de febrero de 2022, en pleno Centro de Tonalá, Verónica Guerrero fue asesinada a tiros. 

Algunos habitantes con quienes yo mantenía contacto me mostraron los mensajes que esa misma semana les envió Verónica Guerrero al grupo donde se organizaban. Les advertía que las amenazas iban en aumento y les pedía tener mucho cuidado. 

Por eso, los vecinos que la acompañaban en la lucha no tienen dudas de que el asesinato está relacionado con la batalla, tanto en las calles como legalmente, que Verónica Guerrero encabezaba contra el basurero de Matatlán. 

Pasaron los meses, el basurero siguió operando y los habitantes tuvieron que coexistir con la contaminación, malos olores y el miedo. 

Tuvo que ser la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente la que finalmente clausuró el basurero de Matatlán un año después de que fuera reabierto por Caabsa, en noviembre de 2022; a pesar de que el gobierno estatal tenía facultades para hacerlo. Las más de 100 mil toneladas de desechos que fueron acumuladas a cielo abierto en ese tiempo siguen sin ser removidas y el sitio, sin ser saneado. 

Y el asesinato de Verónica Guerrero se mantiene en la impunidad, sin que los responsables de quitarle la vida sean llevados a la justicia, ni sancionados los servidores públicos que permitieron a la empresa Caabsa configurar con total impunidad uno de los crimenes ambientales más grandes de nuestra ciudad. 

Twitter: @jcrtoral

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