La corrupción de la ‘Red Peña’

Con mucha discreción, dos municipios metropolitanos gobernados por partidos políticos distintos han utilizado mecanismos similares para burlar la ley y beneficiar a un grupo de empresas ligadas entre sí, gracias a influencias familiares que hacen presumir una clara trama de corrupción.

Se trata de la Red Peña, un conjunto de empresas que acaparan la mayor parte de los recursos que tienen para hacer obra los municipios de El Salto, gobernado por Movimiento Ciudadano, y Tonalá, encabezado por Morena.

La cabeza más visible de esta red es el director general de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de El Salto, José Rigoberto Peña Rubio, cuyo apellido tomamos para nombrar a esta trama de irregularidades e ilegalidades que alcanza casi 200 millones de pesos.

La anomalía más llamativa es que Peña Rubio, siendo el responsable de las obras públicas de El Salto y quien firma los contratos con las empresas constructoras, decidió vía adjudicaciones directas el otorgamiento de al menos 61 contratos ligados con su sobrino.

Roberto Carlos Valenzuela Peña aparece en el Registro Público del Comercio como el apoderado legal de las siete empresas beneficiadas directamente por el funcionario: Aketlán Construcciones, Eunoya Construcciones, Construedro de Occidente, Constructora Onkel, Constructora Ekvara, Construcciones Exalk y Construcciones Fortua.

En conjunto, estas empresas creadas en su mayoría en 2021 han acaparado 65 por ciento de los recursos contratados para obras públicas en El Salto.

Y la misma red de empresas se adueñó de 63 por ciento de la inversión pública de Tonalá, municipio donde el funcionario saltense Peña Rubio fue también director de obra pública hasta apenas 2018.

El problema de fondo no es que un funcionario beneficie, contra la ley, a las empresas de su sobrino. Sino que los recursos con los que cuentan dos de los municipios metropolitanos más rezagados están siendo mal utilizados.

Luego de documentar las relaciones familiares, complicidades e irregularidades incluso detectadas por la Auditoría Superior de la Federación, nos fuimos a la calle para completar la tarea informativa.

Al recorrer algunas de las decenas de obras públicas que la Red Peña ha realizado en los dos municipios encontramos trabajos defectuosos, como calles recién remodeladas en la cabecera municipal de Tonalá que quedaron sin banquetas y con escombro acumulado en distintas partes de la calle. La gente tiene que bajarse a la calle, pese a los millonarios recursos recién invertidos.

En El Salto encontramos obras de pavimentación, agua potable y drenaje que apenas van comenzando, cuando según los contratos deberían estar ya finalizadas.

Al retraso se suman los altos costos, pues con menos recursos que los usados por el gobierno emecista saltense, hay obras en Zapopan donde se invierte, además de calles, agua y drenaje, en banquetas, accesibilidad universal y señalética.

El problema entonces no es solo la corrupción, sino el impacto que trae en la vida diaria de las personas.

Como comentó el académico y ex integrante del Sistema Estatal Anticorrupción Jesús Ibarra Cárdenas: hay indicios de que la Red Peña es uno de tantos esquemas irregulares para desviar dinero público a las campañas.

Gracias a irregularidades, se entregan obras públicas a familiares, y los sobrecostos por las ganancias excesivas obtenidas por la falta de licitación luego retornan a manos de los políticos para utilizarlos impunemente con fines electorales.

Quien termina pagando es la gente de las colonias más pobres, al padecer obras mal hechas, retrasadas o de plano que no llegan en materias urgentes como el agua potable.

Si no pasa nada con este caso, donde las ilegalidades son evidentes, ya podemos dar por enterrado al Sistema Estatal Anticorrupción.

Twitter: @jcrtoral

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