¿Qué perfiles requiere el Congreso?

¿Quiénes deberían seguir laborando en el Congreso de Jalisco y quiénes no? ¿Cuáles deberían ser los criterios para tomar esa decisión? ¿Qué hay que hacer para no volver a caer en esta situación? Esas son las preguntas que deberían hacerse quienes toman las decisiones en el Congreso de Jalisco, a partir de los resultados del estudio que el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) les entregó hace unas semanas.

Sin embargo, a juzgar por lo que se ha hecho público al respecto, la discusión se ha centrado únicamente en decidir cómo cumplir con la recomendación de suprimir los 649 puestos de trabajo que el Imco considera como excedentes, algo en lo que se ha concentrado la opinión pública. El problema es que, si nos concentramos solo en los números, corremos el riesgo de terminar con un Congreso con un desempeño aún más mediocre que el actual, puesto que se está planteando la posibilidad de prescindir del personal supernumerario, que en buena medida está integrado por los trabajadores más capacitados.

Sin embargo, el propio Imco propuso una secuencia que le convendría seguir al Congreso, si lo que se quiere es que funcione adecuadamente, y ser el órgano de gobierno que la población jalisciense requiere y se merece, y que comentaré a continuación.

En primer lugar, durante el presente año es necesario que se identifique tanto a los aviadores como a quienes obtuvieron su puesto de trabajo debido a prácticas de nepotismo, así como a otros empleados que incumplen con alguno de los requisitos administrativos. A partir de eso se debería elaborar la estrategia para la desvinculación laboral de esas personas.

A continuación, habría que homologar las funciones y competencias por puesto y área, ya que actualmente personas con los mismos puestos realizan labores diferentes, lo cual impide tener evaluaciones del desempeño bien establecidas, lo que redunda en incapacidad administrativa para implementar procesos de mejora continua.

La tercera recomendación es la migración a un solo sistema tecnológico para el registro y gestión del personal que trabaja en el Congreso, de manera que se pueda dar un seguimiento individualizado de la nómina, de manera que sea más ágil y transparente su supervisión y, en su caso, la auditoría.

Finalmente, habría que crear un área de planeación de recursos humanos, que permita prever qué personal, y con qué perfil, se requerirá a lo largo del tiempo, para que se puedan llevar a cabo con tiempo los procesos de reclutamiento, selección, capacitación y evaluación del personal, dejando de lado la improvisación.

Para el siguiente año, 2024, habría que concentrarse en la elaboración de los manuales de puesto, y en la capacitación del personal para aplicarlos. Esto implicaría, a su vez, la profesionalización del rol del secretario general del Congreso, para lo que se tendría que cambiar la ley, y evitar que los partidos intervengan en la asignación de puestos dentro del área administrativa del Congreso.

Finalmente, durante 2025, el Imco recomienda que se vayan sentando las bases para la instauración de un servicio civil de carrera legislativo, que tenga la finalidad de asegurar que, en la medida de lo posible, el personal más preparado sea el que trabaje con los diputados y para el Congreso, de una manera profesional, apartidista y técnica. Junto con esto sería necesario establecer procedimientos de escalafón, que motiven al personal a tener un buen desempeño, así como a capacitarse y formarse para lograrlo.

Como se ve, no es un asunto tan simple como despedir a los 649 empleados más desprotegidos. No debemos permitirlo.

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