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Quedan 4 años más

Las autoridades de Jalisco durante el último año han fracasado en garantizar los derechos humanos de la ciudadanía. Han sido meses llenos de sangre, abusos de autoridad y de ignorar los reclamos de las víctimas por la verdad y justicia. Ha sido también el primer año del mandato de la presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), quien fue elegida tras un proceso politizado e irregular, que abonó a que esta institución ahora representara todo, menos la promoción y protección de los derechos de las y los jaliscienses.

De acuerdo con el Instituto de Información Estadística y Geográfica durante el primer semestre de 2023 las quejas presentadas ante la CEDHJ bajaron más de la mitad, en comparación con el mismo periodo correspondiente al 2022. Lo anterior, considerando también la creación de la plataforma para agilizar la recepción de quejas electrónicas. Ante la creciente violencia que vivimos, la reducción tan sustancial de las quejas más que decirnos que las violaciones a los derechos humanos han disminuido, evidencia la crisis de legitimidad y confianza que enfrenta la CEDHJ.

De igual manera, ha bajado drásticamente el número de recomendaciones emitidas. Desde agosto hasta mayo del año en curso, se han publicado 21 recomendaciones. Cabe señalar que su estructura no cambió de forma relevante, tal como se anunció, y en la nueva metodología se ha omitido la participación de las víctimas. Como ejemplo, en dos recomendaciones emitidas en materia de desaparición, reiteradamente se buscó que las víctimas participen en el diseño de las medidas de reparación integral. Sin embargo, no se logró dar continuidad a los avances de la administración anterior, y no hubo apertura de escucharlas.

Asimismo, en varias recomendaciones se colocaron los nombres de servidores públicos quienes adoptaron una actitud violatoria a los derechos humanos sólo del orden municipal, omitiendo los nombres de funcionarios públicos del gobierno del estado de Jalisco. Es importante resaltar que su divulgación contribuye a ejercer una presión para disuadir que no se repitan las arbitrariedades, y constituye una especie de exhibición ante los abusos producidos. En este caso, se cuestiona si la intención no ha sido reforzar la protección de las autoridades para no perjudicarlas de alguna manera.

Por otro lado, ante diversos acontecimientos coyunturales, la CEDHJ ha mantenido una postura pasiva, reservada, y aún menos, preventiva para atender las situaciones y causas de las violaciones a los derechos humanos. Como ejemplos podemos recordar la represión de las manifestaciones, las descalificaciones e intimidaciones hacia las víctimas, el retiro del antimonumento 5J ante el cual la comisión no sólo se deslindó, sino también amenazó que las víctimas podrían tener consecuencias legales, o las recientes declaraciones sobre la suspensión de las búsquedas y los hechos ocurridos en Tlajomulco. Ante lo último, incluso se pronunciaron organismos internacionales, y la CEDHJ decidió guardar silencio.

A eso se suma el camino que ha seguido la CEDHJ de sometimiento al ejecutivo estatal y cada vez más la evidente pérdida de independencia. Basta con evocar la participación de su titular en la presentación del informe de seguridad del gobierno o la entrega de reconocimientos Tenamaxtli en Casa Jalisco, donde el Gobernador ratificó su respaldo a la CEDHJ para construir “una agenda de comunicación y trabajo conjunto”. En estos eventos se limitó la participación de la sociedad civil, y de las víctimas, confirmando que el organismo ha operado en función de intereses políticos en vez de acercarse a la ciudadanía. Su fuerza moral y respeto de la sociedad ha decaído.

En medio de la crisis interna de la CEDHJ, ésta no ha tenido capacidad para responder a la crisis de derechos humanos que prevalece en la entidad. Después de este año tan crítico, estas prácticas de complicidad han reforzado la permisividad, continuidad e impunidad ante los abusos y omisiones de las autoridades. La necesidad de un organismo que sirva de contrapeso, entienda la trascendencia de su función y de los derechos humanos, y que actúe de manera imparcial, firme y cercana a las verdaderas necesidades de la sociedad, recobra aún más relevancia. Sin embargo, las esperanzas de que en los siguientes cuatro años éste sea el caso de la CEDHJ, se diluyen.

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jl/I