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Rumbo a Villanueva
Cuando un medio de comunicación internacional con gran alcance da a conocer alguna información que pudiera afectar al turismo o las finanzas de Jalisco, el gobierno estatal rompe el cochinote (que no cochinito) y contrata una empresa de relaciones públicas para que atienda lo que denominan “crisis de comunicación”. De mayo a octubre del año pasado, la Secretaría de Turismo de la entidad pagó 1.7 millones de pesos a la consultora Preferred Travel Group (PTG) Consulting.
En ese lapso, la empresa atendió 23 “crisis de comunicación”. ¿Cuáles fueron? Las relacionadas con desapariciones (por ejemplo, los jóvenes de Lagos de Moreno), fosas clandestinas, alertas internacionales, los efectos del huracán Lidia y los homicidios que son la muerte nuestra de cada día. Crisis que no sea mediática, no existe para el gobierno estatal.
Víctimas indirectas de los feminicidios son los niños y niñas huérfanos. Quedan desvalidos, con su mamá muerta y con la pareja o padre huyendo o encarcelado. En 2017 el gobierno de Jalisco creó el Programa Apoyo Económico para las Hijas e Hijos de Mujeres Víctimas de Feminicidio o Parricidio, que empezó con 1.4 millones de pesos para respaldar a 81 menores pertenecientes a 42 familias. Cada bimestre se les entregaron 3 mil pesos como reparación del daño y para gastos de salud y alimentos. Se quitó después el parricidio, se añadió tentativa de feminicidio e inducción o ayuda al suicidio feminicida.
La violencia contra las mujeres ha crecido en Jalisco. Otro dato que lo confirma es que el año pasado el programa referido se mantuvo igual que en 2022, con 10 millones de pesos, que permitió dar un apoyo económico de 3 mil 800 pesos bimestrales a los niños y niñas en condiciones de orfandad. Solo que esta vez el número de víctimas indirectas de los feminicidios aumentó a 452, de las cuales 425 continúan activas. Significa que en un sexenio Jalisco pasó de 81 a 452 pequeños con su madre asesinada que reciben ese apoyo y otros suplementarios. De esa dimensión es la tragedia.
La lista de los 20 candidatos a legisladores federales ya la oficializó Movimiento Ciudadano (MC) en su asamblea electoral nacional. Para las senadurías, Mirza Flores y Alberto Esquer. Para las diputaciones federales, los ex alcaldes de Tala Enrique Buenrostro; de Tonalá Agustín Ordóñez; de Lagos de Moreno Tecutli Gómez; de El Salto Ricardo Santillán y, va de nuez, la ex edil de Tlaquepaque María Elena Limón. En total, cinco ex presidentes municipales.
Entre quienes buscan la reelección como diputados federales están el empresario Manuel Herrera y la diputada local Rocío Aguilar. Ratificados quedaron los candidatos a alcaldes, legisladores locales y a la gubernatura. La maquinaria naranja toma cuerpo.
El papel del Partido Verde Ecologista de México en la alianza con otros partidos, incluido Morena, es curioso. A este instituto político le tocó la candidatura al gobierno del estado, con Claudia Delgadillo, pero su dirigencia decidió que no irá en alianza en la elección de algunos municipios, entre los que destaca Tonalá. Lo que llama la atención es que en este momento ese es el único municipio de la Zona Metropolitana de Guadalajara que gobierna Morena, por lo que sorprende que el Verde no los apoye.
Tampoco irá el Verde a la alianza en Puerto Vallarta, también gobernado por Morena, ni en otros municipios importantes como San Juan de los Lagos y Ocotlán. Con esa alianza, el Verde pone ídem a cualquiera…
Es tal la violencia en Tlaquepaque, con seis ejecutados tan solo este domingo, que para reforzar la seguridad la Secretaría de la Defensa Nacional desplegó 400 elementos. La cosa está que arde en ese municipio.
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jl/I