Un llamado de atención

Durante los últimos años hemos observado cómo los consejos ciudadanos han sufrido injerencias políticas. Las condiciones para la efectiva participación han sido ilusorias, y los consejos se han convertido en organismos débiles, obsequiosos, con mínima capacidad de incidencia y aún menos legitimidad social.

Con el Consejo Ciudadano de Búsqueda iba a ser diferente. Desde su creación, en 2021, fue integrado por familiares de personas desaparecidas, tal como otros consejos de búsqueda en el país, cuyo rol ha sido fundamental para definir su rumbo y marcar la ruta de actuación basada en sus necesidades. Su función ha sido rendir cuentas e impulsar la efectiva implementación de la Ley de Personas Desaparecidas.

El año pasado se realizó la primera convocatoria para renovar este consejo, misma que culminó con la toma de protesta con casi dos meses de retraso, lo que obstaculizó de manera considerable sus labores. Este año parece que el Congreso ya ni siquiera finge que les importa el tema de desaparición. La convocatoria fue aprobada el 10 de abril y el registro para postulantes concluyó el 17 del mismo. Se realizaron llamados al Congreso para subsanar el proceso, sin embargo, no hubo voluntad para atenderlos.

Para cualquier tipo de convocatoria pública los plazos previstos parecen una burla. Sin embargo, aquí estamos hablando de un proceso en el cual participan familiares de personas desaparecidas, por lo que preocupa la falta de sensibilidad y atención a sus necesidades. Además, no hubo difusión ni se sostuvo algún acercamiento con colectivos para socializarla. Un proceso tan deficiente impide la postulación de víctimas y la elección de personas que cuenten con experiencia y conocimientos especializados, así como compromiso y credibilidad. Pone en riesgo la autonomía y postura crítica del consejo, con la cual hasta el momento ha actuado ante las autoridades.

Tristemente, a estas alturas cabe reflexionar si estas fallas son negligencia o más bien una acción intencional. Es difícil creer que a pesar de tantos llamados para generar procesos incluyentes, transparentes, amplios y públicos, las mismas prácticas se repiten. ¿Será tan difícil cumplir con su deber, planear los procesos a tiempo y realizarlos de manera adecuada?

Valdría la pena hacernos también preguntas difíciles. ¿Por qué solamente se postuló una persona? ¿Que ha impedido una participación más amplia? ¿Qué podríamos hacer para prevenir estos escenarios a futuro? Sin duda, la nula difusión y los tiempos reducidos constituyen un factor superior, sin embargo, hay que reconocer que también persiste una profunda crisis de participación ciudadana y desconexión con el gobierno.

Muchas víctimas que por años han sido ignoradas por las autoridades desconfían que podrían lograr un cambio real a partir de la incidencia política. Al final, su prioridad está en las búsquedas. Y ni hablar de barreras estructurales y cargas que enfrentan. Finalmente, de manera autocrítica, aunque el consejo ha realizado esfuerzos importantes ante la problemática, no siempre ha cumplido con las expectativas de las familias. Hasta qué punto les interesaría estar en un espacio que para varias personas ha permanecido como un lugar sólo para figurar en vez de un respaldo verdadero.

Esta situación es un llamado de atención para el Congreso, el Ejecutivo, personas consejeras y la sociedad en conjunto. La efectiva participación ciudadana es un pilar para construir democracias sólidas y generar condiciones para la justicia que parecen inalcanzables.

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