Ciclos de represión

Los gobiernos de Jalisco se han especializado en el uso excesivo de la fuerza y brutal represión y, por años, han perfeccionado técnicas para manipular las narrativas que desincentivan el ejercicio del derecho a la protesta social. Serán recordados por encubrir graves violaciones a los derechos humanos, y apostar por su olvido e impunidad, teniendo siempre a sus órdenes el respaldo de los organismos públicos de derechos humanos y del Poder Judicial.

Hace cuatro años, el 5 de junio, más de 200 policías desaparecieron forzosamente a decenas de personas, dejando una herida de represión más en la historia colectiva de Jalisco. Tras los hechos, las autoridades se deslindaron de su responsabilidad, señalando que el crimen organizado infiltró la Fiscalía. Sin embargo, no hubo investigaciones efectivas, nadie fue sancionado, no se realizaron reformas estructurales ante la erosión del máximo organismo de procuración de justicia, e incluso su titular siguió en el cargo por dos años más.

A pesar de la persistencia de borrar cualquier tipo de evidencia, la memoria sobre lo sucedido sigue viva. El colectivo 5 de Junio Memoria cada año impulsa jornadas de protesta y reflexión, resistiendo y desafiando el olvido. En el marco de estas actividades, en 2023 fue instalado el antimonumento 5J, que unas horas después fue removido bajo órdenes del gobernador y el alcalde de Guadalajara. A partir de ese momento se inició una desgastante batalla jurídica por su reinstalación.

Desde el 25 de julio de 2023, mediante la suspensión definitiva, se ordenó a la Dirección de Inspección y Vigilancia de Guadalajara reinstalar el antimonumento, instancia que mediante excusas infundadas ha prolongado el proceso, siendo el Poder Judicial cómplice de ello. Asimismo, mediante la presentación del recurso de revisión, cuestionando la legitimidad de sobrevivientes, la autoridad municipal logró que el 24 de abril pasado el Tribunal Colegiado modificara la suspensión, ordenando imprimir una réplica del antimonumento en otro material que no genere riesgo, además de difundir su fotografía en la página web del gobierno de Guadalajara.

No obstante, esta resolución tampoco ha sido acatada, incluso a pesar de que el gobernador electo, Pablo Lemus, anunció públicamente que reinstalaría el antimonumento cuando se otorgara la suspensión definitiva. Cabe recordar que previo a su campaña, preocupado por su imagen pública, también se comprometió a construir “un gran memorial” por las y los desaparecidos, sin embargo, fue otra declaración vacía, realizada sin consultar a las familias que sólo generó dinámicas conflictivas entre ellas. ¿Será que su nueva administración continuará con el legado de represión, silencio y olvido? Las promesas vacías y falta de cumplimiento de las decisiones judiciales parecen confirmarlo.

Las autoridades sistemáticamente han negado las violaciones a los derechos humanos que sólo se han multiplicado. Ya no hay cabida para que prevalezcan los mismos discursos y estrategias opresivas por seis años más. El colectivo 5 de Junio Memoria buscará instalar un nuevo antimonumento, sin embargo, como señalan, éste no es sólo una pieza de metal, sino que su símbolo permanece en cada una de nosotras, quienes seguiremos resistiendo. Afirman que a las autoridades “les sobra impunidad, y a nosotras creatividad”, y nos invitan a reflexionar de qué manera mantendremos nuestra memoria viva y rindamos cuentas, para que no permitamos otro 28 de mayo y 5 de junio ni durante el siguiente sexenio, ni nunca más.

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