México, ¿un país de refugio?

En 2023, México se posicionó como uno de los cinco países con mayor número de nuevas solicitudes de asilo a nivel mundial. Según el informe de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), alrededor de 140 mil personas solicitaron asilo en el país. Las personas solicitantes de protección, conforme a este registro, provienen de más de 100 países distintos; sin embargo, Haití encabezó la lista, con 31 por ciento de las solicitudes, seguido por Honduras, con 30; Cuba, con 13, y Guatemala, El Salvador y Venezuela, con cuatro cada uno.

Estos datos revelan el papel crucial que debe asumir nuestro país para orientar y coordinar esfuerzos, recursos humanos y materiales suficientes para atender la crisis humanitaria de nuestros tiempos, a partir del otorgamiento de refugio a miles de personas que huyen de la violencia, la pobreza y la inestabilidad en sus comunidades y países de origen.

Si bien estas cifras deben tomarse con reserva, dado que el flujo de personas continuamente está cambiando; asegurarles la protección y el refugio es una tarea ineludible, con todo y la paradoja que representa ofrecer tales garantías en un país como el nuestro, agobiado por la violencia e inseguridad.

Pese a ello, existe la evidencia de programas de atención, acompañamiento e integración para las personas que solicitan el asilo y obtienen reconocimiento como refugiadas. Estas experiencias son una clara muestra del ejercicio de colaboración y vinculación entre los distintos órdenes de gobierno, entre los representantes de los sectores empresariales y productivos, lo mismo que de organismos supranacionales como la ACNUR, que mantiene operaciones en ciudades como San Luis Potosí, Aguascalientes, Monterrey y la propia Guadalajara, que es ya una de las ciudades top seleccionadas para tramitar la protección.

Desde los programas de integración local, las personas solicitantes de asilo pueden recibir orientación para conocer, entender e integrarse paulatinamente a las dinámicas de la sociedad; aprender a usar el transporte público; reconocer otras oficinas para distintos tipos de trámites y acceder a servicios de educación, salud e insertarse formalmente en espacios laborales, entre muchos otros temas cotidianos pero indispensables para vivir.

A las sociedades destino nos queda pendiente reconocer la riqueza de las personas que llegan a la ciudad y al país; entender y aprender de sus experiencias, mirarlos no como extranjeros, sino como personas, como vecinos, como profesionistas; esto es fortalecer y ampliar acciones de acogida positivas.

Al Estado mexicano le toca coordinar voluntades, políticas y acciones para ampliar las capacidades de atención que le permitan enfrentar y atenuar la crisis humanitaria que se agudiza en las fronteras y asegurar los mecanismos necesarios que garanticen la protección de las personas que han salido de sus respectivos países por razones de persecución y violaciones graves a los derechos humanos. Es una agenda que requiere atención y coordinación no solo a nivel nacional, sino regional. Estamos en la ruta, pero queda aún mucho tramo por recorrer.

X: @claudiaacn

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