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Avanza propuesta para castigar omisión de protocolo de feminicidio

(Foto: Archivo NTR)

La Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género del Congreso de Jalisco avaló que se adicione la fracción XXI al artículo 154 del Código Penal para sancionar a quien “no aplique o deje de aplicar, sin causa justificada, el protocolo de investigación del delito de feminicidio con perspectiva de género previsto en la fracción IX del artículo 28 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”.

Esto, debido a que sólo una de cada 10 muertes violentas de mujeres en Jalisco se investiga como feminicidios, de acuerdo con la iniciativa. Ahora falta que el Pleno del Congreso avale estos cambios para que se puedan aplicar en el Código Penal.

Por otro lado, también aprobaron reformas a la Ley Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley para la Protección y Apoyo de las Madres Jefas de Familias. La primera reglamentación se modifica para promover una cultura de igualdad de trato y oportunidades que incluya acciones afirmativas encaminadas a posibilitar la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de mujeres y hombres.

Además de fomentar la corresponsabilidad en las labores domésticas, de crianza y cuidados en la atención a la familia; su finalidad es reorientar la distribución de los trabajos que ello implica. La iniciativa plantea realizar acciones tendientes a identificar y erradicar todas las formas que generen discriminación y visiones sesgadas o tendenciosas que provoquen la desigualdad estructural contra las mujeres.

Mientras que, al reformar la Ley de Apoyo de las Madres Jefas de Familias, se establece que el Ejecutivo, a través de sus dependencias, deberá garantizar a las madres jefas de familia el acceso a los servicios de atención médica y psicológica gratuita a ella y sus dependientes económicos que cuenten con alguna discapacidad total o permanente, cuando no cuenten con servicios de seguridad social o servicios médicos gratuitos a cargo de las instituciones públicas de salud.

Se contempla reglamentar el brindarles capacitación para el autoempleo, el trabajo presencial o a distancia, tener acceso a políticas de prevención contra la discriminación, a la educación, y en general a todas aquellas que garanticen sus derechos y reduzcan su umbral de marginación social. Dentro de las condiciones de vulnerabilidad de las madres jefas de familia, se incluye el estar expuestas a situaciones de violencia de género.

Participaron en esta reunión de trabajo telemática, las diputadas Claudia Murguía Torres, Ana Angelita Degollado González, Leticia Fabiola Cuan Ramírez, Leticia Pérez Rodríguez, Claudia García Hernández y Erika Lizbeth Ramírez Pérez.

EH