Judicialización de tortura, casi nula

Ayer el Observatorio contra la Tortura presentó su informe Hallazgos 2023 en el que evidencia que en Jalisco persiste la comisión de este delito a la par de la impunidad.

Según los datos explicados en el documento, en Jalisco se abrieron 138 expedientes por posible tortura el año pasado, pero solo uno fue judicializado y ninguno derivó en sentencia.

Denisse Montiel Flores, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), organización que forma parte del observatorio, mencionó que el escenario descrito refleja que no hay intención desde el Estado de atender el problema.

“Esto evidencia las pocas capacidades que hay en Jalisco para investigar el delito de tortura. Esto ha llevado a que de las investigaciones aperturadas (sic) en 2023, el 0.75 por ciento, es decir, sólo una de ellas, haya sido judicializada. Persiste esta completa impunidad, recordando que en Jalisco no existe ninguna sentencia”.

Dicha situación, añadió, provoca que persista la tortura, pues quien la comete no es castigado ni investigado, lo que desincentiva la denuncia y obstaculiza los derechos a la justicia y la verdad.

“La falta de investigaciones adecuadas, exhaustivas, está siendo la constante en la entidad, eso abona en la generación de una mayor desconfianza en la institución (Fiscalía del Estado) y en el desánimo de las víctimas por interponer las denuncias porque es muy probable que su caso no avance y se quede en archivo”.

Uno de los factores que influye en que haya impunidad total es que la unidad a cargo de casos de tortura de la Fiscalía de Jalisco no cumple con lo que marca la ley general, a lo que se suma que las y los diputados no han acatado una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la que se pide a los poderes Ejecutivo y Legislativo crear una fiscalía especializada contra el delito.

Por el contrario, los diputados aprobaron sin cuestionamientos la propuesta hecha por gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, para que la unidad se convierta en una dirección de lo que ahora será la vicefiscalía de derechos humanos, pero con los mismos vicios y falta de autonomía.

“No va a abonar en generar mejores investigaciones y que estas se traduzcan en más carpetas de investigación, de judicializaciones y de sentencias, sino que lo preocupante y lamentable es que en ningún momento se tomó en consideración la resolución de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 31 de enero de 2024 mediante la cual señala que la Unidad no tiene autonomía (…) claramente la aprobación refleja un desacato a resolución judicial”.

También lamentó que la Fiscalía del Estado fue opaca en entregar información sobre investigaciones en proceso y sobe agentes del ministerio público que trabajan en estas acciones, así como número de víctimas registradas, lo que dificulta hacer un análisis más profundo.

GR