Desmantelamiento institucional

Los regímenes totalitarios buscan la destrucción de las instituciones y estructuras… para así reemplazarlas por un poder absoluto e incuestionable

Hannah Arendt

La salud de la democracia de un país depende de tres instrumentos fundamentales: primero, equilibrios de poder entre las diferentes ramas del gobierno con mecanismos de frenos y contrapesos (instituciones formales); segundo, la sociedad civil organizada y la iniciativa privada (instituciones informales); y tercero, las autoridades electorales, los medios de comunicación y las comisiones especializadas, como derechos humanos, telecomunicaciones, anticorrupción, evaluativas (instituciones independientes).

Estas últimas han sido incorporadas a nuestra Carta Magna y se les conoce como organismo constitucionales autónomos (OCA): instituciones creadas para desempeñar funciones específicas de interés público, sin estar subordinadas a ninguno de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Estos organismos tienen autonomía para tomar decisiones y gestionarse independientemente, lo que les permite actuar con imparcialidad y proteger ciertos derechos y principios. Estas instituciones autónomas son esenciales para el equilibrio democrático en México, dado que actúan como contrapesos y garantizan la protección de derechos fundamentales, la transparencia, la justicia y la estabilidad económica del país.

Todo gobierno que se precie de ser democrático debe fortalecer estas instituciones a partir del diseño de mecanismos que limiten la influencia de otras ramas del gobierno y fuerzas políticas o económicas. Además, se deben actualizar la legislación respectiva para dar mayor claridad y alcance a sus funciones institucionales: un marco normativo sólido permite que las instituciones operen con transparencia y efectividad, actuando como barrera contra el abuso de poder.

El segundo piso de la cuarta transformación (4T) parece, sin embargo, actuar contrario sensu, a pesar de concebirse como democrático: se ha emprendido la tarea de desmantelar sistemáticamente el entramado institucional, pero sin hacer una evaluación detallada de su funcionamiento (el representante de Estado mexicano ante la CIDH admitió que “no hubo diagnóstico” para realizar la reforma judicial).

Durante el gobierno de López Obrador se inició lo que María Amparo Casar llama “la desinstitucionalización del sistema político mexicano”, a través de cinco mecanismos bien definidos: eliminación o sustitución (Banco del Bienestar, Inadem, Inifed, INEE; Conacyt, Insabi, INECC, IMTA, Conabio, etc.); captura (CNDH, CRE, CNH); inoperancia (Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado¸ Insabi), estrangulamiento financiero (Conval, Inegi); y daño a la reputación de las instituciones (INE, TEPJF, Conapred, Inai).

La próxima semana los legisladores de Morena darán trámite a las iniciativas presentadas por AMLO en el pasado febrero. ¿A qué puede conducir esta destrucción selectiva de las instituciones democráticas de México? Los efectos probables son numerosos: reducción de la rendición de cuentas y responsabilidad política (accountability); debilitamiento del Estado de derecho; concentración de poder (autoritarismo); y ausencia de transparencia y de información gubernamental.

La destrucción de las instituciones socava las bases de la democracia –justicia, equidad y libertad–: sin instituciones independientes y sólidas, la democracia se vuelve sumamente frágil a los abusos de poder, y los derechos de los ciudadanos estarán en peligro. La designación de Rosario Piedra Ibarra al frente del CNDH es sintomático y preocupante.

X: @Ismaelortizbarb

GR