Autoridad no buscó a 35 personas ausentes

Por omisiones de la autoridad en la búsqueda de 35 personas desaparecidas que derivaron en que seis fueran halladas sin vida y el resto siga ausente, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió yer una recomendación.

Se trata de la 35/24, la cual concentra la desaparición de 35 personas y múltiples violaciones a derechos humanos cometidas por las autoridades hacia las víctimas directas e indirectas al no seguir los protocolos y, por tanto, no buscarlas.

“Para esta comisión la desaparición de estas personas y el actuar deficiente de las autoridades involucradas en su búsqueda, constituye una multiplicidad de violaciones de derechos humanos por parte de (las autoridades) que no cumplieron con los principios, procedimientos y protocolos que dictan los estándares legales y que tienen la obligación de garantizarlos”.

Las autoridades involucradas en las desapariciones, registradas entre 2015 y 2023 y correspondientes a una mujer y 34 hombres, son la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD), el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco (Cobupej) y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).

Entre las recomendaciones se incluye que se integre a las y los afectados indirectos al padrón de víctimas para un acompañamiento y reparación del daño; que se investigue el actuar del personal omiso; que se generen las acciones de búsqueda necesarias; que haya capacitación sobre los protocolos con el fin de garantizar la no repetición, entre otras acciones.

OTRA MÁS

La CEDHJ también emitió ayer la recomendación 36/24, dirigida hacia el gobierno municipal de Juanacatlán por actos de tortura cometidos por policías municipales hacia cuatro personas.

Según la defensoría, durante la madrugada del 7 de agosto de 2023 las cuatro personas se encontraban a bordo de una camioneta conducida por una de ellas cuando tuvieron un percance vial con un elemento de la Policía que iba en motocicleta.

Posteriormente, fueron interceptados por policías municipales, quienes los obligaron a descender del vehículo con lujo de violencia y uso excesivo de la fuerza. Los hechos fueron denunciados y en la carpeta de investigación abierta en la Fiscalía del Estado (FE) se confirmó que hubo actos de tortura en su contra con partes médicos, testimonios recabados y dictámenes psicológicos.

Además, a las víctimas las tuvieron incomunicadas en los separos municipales y se les hizo firmar un acuerdo de conciliación en el que se les obligó a pagar los daños de la motocicleta como pérdida total cuando no había elementos para comprobar eso.

GR