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Desarrollo Económico
Espinoza Licón
En Jalisco, el reclutamiento forzado, principalmente de personas menores de edad, no es una prioridad de atención, concluye la investigación académica Reclutamiento forzado de menores por el crimen organizado: las acciones de protección de la Sipinna, elaborada por José Miguel Reyes Andrade y Harold Ismar Rojas García, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Los investigadores, quienes tomaron el caso de Jalisco como ejemplo de estudio a nivel nacional, buscaron identificar qué se hace para prevenir que infancias y adolescencias caigan, de manera voluntaria u obligada, en manos del crimen organizado, pero se encontraron con que no hay tales acciones, al menos de forma clara y específica.
De entrada, se encontraron con escasez de datos. En Jalisco no hay siquiera cifras oficiales de cuántas personas son reclutadas ni de cuántas están en riesgo, lo que habla de una falta de interés del Estado por reconocer y atender el problema o una intención de tratar de ocultarlo.
Reyes Andrade y Rojas García solicitaron información al respecto a las dependencias protectoras de menores y, en respuesta, les entregaron un plan, pero no establece qué debe hacer cada dependencia para atender el problema.
El reclutamiento de menores por los carteles se intensificó en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, pero no fue atendido ni frenado por sus dos sucesores en el poder, añade la investigación.
“El crecimiento de carteles como el CDS (Cártel de Sinaloa) y el CJNG (Cártel Jalisco Nueva Generación) habla de un mal manejo que han tenido los distintos gobiernos para enfrentar este tema. Destacamos principalmente el gobierno de Felipe Calderón, Enrique Peña y Andrés Manuel López, debido a que fueron tres sexenios con una acción poco favorable para enfrentar a la delincuencia organizada, tanto por una pésima administración, posibles casos de corrupción, poca atención al problema o acción desorganizada; y ello no solo ha derivado en el fortalecimiento de los cárteles, sino también en un aumento del reclutamiento forzado (obligado y no obligado) de menores”.
Además, indica que los grupos criminales van por infancias y adolescencias porque les resulta “barato”; al hacerlo, no exponen a sus “mejores” elementos en primera fila de combate.
“El crimen organizado logra un negocio redondo al reclutar menores, ya que son utilizados como primera línea en casos de enfrentamientos o situaciones de riesgo, de esta forma ganan filiales baratos y a su vez no arriesgan a sus mejores hombres”, añade el documento.
Ante los hallazgos, los académicos establecen una serie de propuestas a seguir por parte de las dependencias para prevenir y atender el reclutamiento forzado de menores. En primer lugar, llaman a crear un plan que sirva y que dicte acciones claras para cada actor involucrado sin espacio para ambigüedades y con indicadores medibles; trabajar en la generación de datos claros y públicos sobre el problema para conocer su verdadera dimensión; detectar focos rojos y establecer acciones preventivas, así como fortalecer la presencia policial; trabajar en conjunto con organizaciones internacionales, y crear un sistema de auditoría y rendición de cuentas sobre las estrategias.
jl/I