Hay retroceso en capacidad

Para medir la eficacia y operación de los órganos judiciales en el país, México Evalúa desarrolló el estudio Hallazgos desde lo local 2023, en el cual Jalisco ocupó el lugar número 26 en el Índice de Capacidad y retrocedió 10 posiciones.

En contraste, Querétaro, Coahuila y Nuevo León se ubicaron como los tres primeros lugares del indicador, respectivamente.

En la misma medición 15 estados se quedaron por debajo del promedio nacional y entre ellos está Jalisco. El primero fue de 597.94 de mil puntos posibles y el de Jalisco, de 483.69

La coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, Susana Camacho, señaló que, por el puntaje obtenido, Jalisco tiene bastantes áreas de oportunidad.

“En México Evalúa esperamos que este reporte constituya una herramienta de utilidad para que autoridades y ciudadanía continúen colaborando en la construcción de un sistema de justicia penal más justo y eficiente para Jalisco”, señaló.

Las áreas que México Evalúa revisó fueron los órganos de coordinación, las fiscalías y los poderes judiciales para cuantificar la eficacia con la que estas instituciones colaboran entre sí. Una de las premisas del informe es que una coordinación efectiva entre las partes será la base para el éxito del sistema de justicia penal.

Para crear el índice se hizo una recolección de datos mediante solicitudes de información a las instituciones de justicia de cada estado; se diseñaron para recabar detalles específicos sobre su operación.

Camacho abundó que en Jalisco se presentaron 173 mil 206 denuncias y querellas en el 2023, lo que lo convirtió en uno de los estados con más recursos del país, sólo por debajo de Estado de México, Ciudad de México y Nuevo León.

En contraste, sólo reportó 6.5 por ciento de resoluciones ministeriales, quedándose por debajo del promedio nacional, que fue de 34.2 por ciento.

Al final, México Evalúa recomendó aprovechar la transición del nuevo gobierno para evaluar la política criminal y trazar el rumbo de objetivos institucionales 2024-2030, así como generar espacios de colaboración entre ciudadanía y autoridades.

También sugirió desarrollar espacios de comunicación con la ciudadanía para delinear la política de persecución penal; fortalecer las agendas de transparencia de las sentencias judiciales, y atender de manera prioritaria la desaparición forzada.

GR