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El abogado de los amparos
Porque nos la quitaron
Hace tres años, Fabiola Guadalupe Escobedo, veterinaria, fue brutalmente atacada con un bate de béisbol por Alejandro “S”, un desconocido que la citó en su domicilio bajo el pretexto de atender a un perro enfermo. El agresor, quien la amenazaba con matarla, está libre debido a irregularidades judiciales, según relata la víctima.
Fabiola explicó que ella no conocía a su agresor, pero tiempo después supo que el hombre la conocía porque pasaba frente a su negocio todos los días para ir a la universidad y 3 años después del intento de feminicidio, no hay razón concreta por el que la atacó, solamente al momento del ataque le repetía que la iba a matar.
En el juicio de octubre pasado, pese a pruebas contundentes –peritajes, ADN, testimonios médicos y su reconocimiento del agresor–, el juez Abraham Contreras Reyes desestimó el cargo de feminicidio, argumentando falta de evidencia de peligro mortal, ignorando el testimonio de un médico que afirmó que Fabiola habría muerto desangrada sin atención inmediata.
Fabiola Guadalupe hace alusión a que el juez y las autoridades involucradas en su caso pusieron un precio, pues su defensa se enteró de que la familia de su agresor vendió una casa para repartirles dinero, de otra forma no explica cómo el juez lo declaró culpable solo de lesiones dolosas y ordenó su liberación inmediata.
Fabiola, forzada a cambiar de ciudad, vive con ansiedad constante, sin garantías de seguridad. Su defensa apeló la sentencia, pero el proceso enfrenta retrasos, lo que motivó una queja formal. La víctima enfatizó que, el juez Contreras Reyes hizo tan mal su trabajo, que las medidas cautelares las aplicó con la dirección de la veterinaria de Fabiola, clínica que ya no existe, pues tuvo que huir.
Actualmente, Fabiola recibe protección del programa Pulso de Vida del gobierno de Jalisco, lo que evidencia la contradicción con la decisión judicial, pues el gobierno la protege de uno de sus propios jueces.
La víctima denuncia la falta de justicia y el impacto de decisiones judiciales negligentes. Ha presentado una queja ante Derechos Humanos, pendiente de la resolución de la apelación. Fabiola enfatiza la necesidad de reformar el sistema judicial y la responsabilidad social para evitar que decisiones como la del juez Contreras, percibidas como complicidad, perpetúen la impunidad y el daño a las víctimas.
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