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Defensa
No permitirá construcción
Con la intención de reforzar la protección jurídica del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) en Jalisco, la Secretaría de Cultura del estado impartió en el municipio de Unión de Tula el taller “Formación Permanente en Patrimonio Cultural Inmaterial”, dirigido a representantes de 20 ayuntamientos de las regiones Sierra de Amula y Costa Sur.
La jornada tuvo como objetivo subsanar vacíos legales y administrativos que han obstaculizado la salvaguardia efectiva de manifestaciones culturales, mediante la capacitación de tres figuras clave en cada municipio: titulares de cultura, regidores con comisión cultural y síndicos.
El taller fue encabezado por Guadalupe Arredondo, jefa de Patrimonio Intangible de la Dirección de Gestión Integral de Proyectos, y Diego Sandoval, coordinador de Formación Permanente. Ambos destacaron la importancia de comprender la salvaguardia no como un simple trámite burocrático, sino como un proceso participativo que parte del diálogo con los portadores de las tradiciones.
“Este tipo de espacios permiten fortalecer el trabajo institucional desde una perspectiva integral, donde el conocimiento técnico y la participación comunitaria vayan de la mano”, señalaron los ponentes.
Entre los municipios participantes se encuentran Autlán, Atengo, Chiquilistlán, El Grullo y Villa Purificación, que comenzarán la revisión de sus inventarios culturales para incorporar nuevas manifestaciones y recibirán asesoría técnica durante el proceso.
Se dará prioridad a expresiones en riesgo de desaparecer, especialmente aquellas artesanales en las que una sola persona mantiene viva la tradición.
La estrategia, que arrancó en marzo de este año y ya suma cinco sesiones regionales, tendrá su siguiente parada en agosto en Atenguillo, en la Sierra Occidental. Para 2026, se prevé ampliar las capacitaciones a la población en general, como parte de un esfuerzo por fomentar la valoración social del PCI.
La Secretaría de Cultura estatal destacó que estas acciones se alinean con el Artículo 15 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, que establece la responsabilidad conjunta de los tres niveles de gobierno, así como del sector social y privado, para proteger y promover el patrimonio cultural inmaterial del país.
GR
