Académico propone repensar el acceso al agua como derecho y bien común

El derecho humano al agua sigue siendo una deuda pendiente en Jalisco. La investigación “Derecho humano al agua, comunidades y conflictos socioterritoriales en Jalisco”, elaborada por el académico Francisco Aguirre del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), de la Universidad de Guadalajara (UdeG), documenta el desabasto y la exclusión hídrica en Tlachichilco del Carmen (Poncitlán) y Loma El Pedregal (Zapopan), y cuestiona el modelo de desarrollo que prioriza el crecimiento urbano e industrial sobre los derechos de las comunidades.

El caso de Tlachichilco del Carmen, hasta 2019, sus 437 habitantes disponían de agua potable apenas entre 15 y 60 minutos al día, con un 58% de ellos recibiendo el servicio únicamente por media hora. Esta situación vulneraba la continuidad y cantidad mínimas establecidas por estándares internacionales, que recomiendan al menos 50 litros diarios por persona para cubrir necesidades básicas.

Por su parte, en Loma El Pedregal, las familias llevan más de dos décadas enfrentando el desabasto de agua. La señora Martha Morales, entrevistada en el estudio, relató que su familia debe gastar alrededor de 3,360 pesos anuales para abastecerse mediante pipas, lo que representa un gasto considerable para hogares de bajos ingresos.

Aguirre destaca que, en ambos casos, la desigualdad en el acceso está relacionada con políticas públicas que han priorizado el consumo urbano-industrial por encima de las necesidades de las comunidades locales.

Ante la ausencia de una política pública, el autor propone una metodología para estudiar y evaluar su cumplimiento con base en siete dimensiones clave, llamadas las “siete C”:

1. Cantidad – suministro suficiente (mínimo 150 litros por persona por día).
2. Continuidad – disponibilidad constante durante todo el año.
3. Calidad – agua libre de contaminantes y apta para consumo humano.
4. Cobertura – acceso físico razonable (menos de 1 km de distancia o 30 minutos de traslado).
5. Costo justo – precio que no represente más del 3% del ingreso familiar.
6. Cultura-educación – programas y hábitos para el uso sustentable del agua.
7. Conciencia – no discriminación, equidad social y participación comunitaria.

El estudio cuestiona el modelo que trata al agua como un recurso de mercado, lo que ha llevado a su mercantilización, privatización y exclusión social. Frente a ello, propone entender el agua como un bien común, esencial para la vida y cuyo acceso no debe depender del dinero ni del lugar donde se vive. 

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