Aunque la reciente reforma en materia de transparencia transfiere la mayoría de las funciones al ámbito de la Contraloría del Estado de Jalisco, el proyecto de presupuesto de egresos 2026 no refleja un incremento proporcional de recursos para esta institución.
Según el análisis del colectivo Nuestro Presupuesto, coordinado por el académico Andrés Barrios, desaparece la unidad 028-000 correspondiente al Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (Itei), que en 2025 operó con cerca de 70 millones de pesos. En contraste, la Contraloría -que asumirá gran parte de las funciones del Itei- apenas registra un aumento de 3.4 millones.
En Jalisco existen 579 sujetos obligados, de los cuales la Contraloría tendrá que tutelar y vigilar a casi 400, entre los que podemos mencionar a 125 gobiernos municipales, 125 sistemas DIF, y organismos descentralizados locales o intermunicipales, que se encargan de diversas tareas, como, por ejemplo, el abastecimiento de agua potable (Siapa en la ZMG o Seapal en Puerto Vallarta, son los más conocidos).
Además, la Contraloría debe vigilar a 85 dependencias del gobierno de Jalisco, entre coordinaciones, secretarías, consejos, comisiones, centros, agencias, institutos, fondos, fideicomisos, fiscalías y procuradurías.
Entre las nuevas atribuciones de la Contraloría del Estado se incluyen la recepción y resolución de quejas ciudadanas contra sujetos obligados que nieguen información o incumplan con la publicación en sus portales, además de revisión periódica y capacitación.
Para evitar su sobrecarga operativa, el Grupo Compromiso Jalisco -integrado por especialistas ciudadanos y académicos- ha propuesto crear un órgano desconcentrado local, similar al nacional (Instituto de Transparencia para el Pueblo). No obstante, la falta de la nueva Ley de Transparencia de Jalisco, pendiente de aprobación en el Poder Legislativo de Jalisco, impide formalizar dicho organismo y, en consecuencia, asignar presupuesto para su eventual funcionamiento.
Por cierto, otro organismo que deberá asumir nuevas funciones en materia de garantía y tutela de la transparencia es el Tribunal de Arbitraje y Escalafón particularmente en la vigilancia de 62 sindicatos de empleados públicos. En 2025 recibió un presupuesto de 83 millones 866 mil pesos, y para 2026 se proyecta un incremento a 100 millones 218 mil, es decir, 16 millones 352 mil pesos adicionales. También asumirán responsabilidades en esta materia el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana -en lo relativo a partidos políticos- y los órganos internos de control del Poder Legislativo y del Poder Judicial.
Y aunque en Jalisco estamos acostumbrados a trabajar con lo que hay y a obtener resultados pese a la adversidad -filosofía que sabemos que también comparte la contralora Teresa Brito-, es indispensable que las y los diputados reordenen el tema presupuestal y dejen de postergar la aprobación de la nueva ley de transparencia.
El arranque de 2026 será complejo: se trata de adaptar el nuevo paradigma impuesto desde la federación, sin perder la posición vanguardista que Jalisco ha ganado como referente nacional. Un reto nada sencillo.
*El autor es investigador de la UdeG
X: @julio_rios
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