Hacen 15 propuestas para el bosque La Primavera

El bosque La Primavera demanda fortalecer su gestión, integrar de forma adecuada a sus dueños, recibir un financiamiento del tamaño de sus desafíos y blindar la zona periférica al área natural protegida.

Ello significa excluir procesos de urbanización que se han dado en los casi 40 años del decreto presidencial que le dio vida jurídica.

Conservar el bosque es esencial para garantizar el futuro de Guadalajara, dijeron ayer los voceros de una iniciativa de 15 puntos de recomendaciones, abanderada por el Colegio de Arquitectos y Urbanistas del estado de Jalisco.

Dicho gremio hizo una amplia convocatoria entre organizaciones civiles para discutir la situación del bosque. El resultado es el escrito presentado ayer por los voceros del trabajo, Jorge Fernández Acosta, Miguel Magaña Virgen, Raquel Gutiérrez Nájera y Eduardo Bistrain.

El bosque “ha sido objeto de múltiples procesos de índole jurídico-institucional, ambiental, económica y social, que han incidido en afectaciones y modificaciones, eventualmente negativas, con relación al óptimo desarrollo de las condiciones naturales y de manejo del ecosistema constituido por 30 mil 500 hectáreas –de acuerdo con el decreto original–, mismas que se han visto reducidas paulatinamente según datos que oportunamente se han referido públicamente en diversos medios. Asimismo, como consta públicamente, el bosque ha experimentado, de modo recurrente, conflagraciones y contingencias relativas a incendios forestales que se han producido de manera natural e incluso inducida, es decir, quizá provocados por presuntos factores antropogénicos”.

La comisión especial elaboró un diagnóstico con base en diversas reuniones de trabajo donde se escuchó a todo tipo de actores. Y a partir de allí, se elaboró la propuesta de 15 puntos:

Primera parte, en lo Jurídico-Institucional. Uno, “solicitar una evaluación colegiada y profunda sobre la pertinencia, eficiencia y eficacia de los instrumentos vigentes” para la gestión del bosque; dos, “analizar y decidir sobre la pertinencia de continuidad del organismo público descentralizado (generar uno nuevo más operativo y menos obeso, más incluyente, que integre a propietarios, ejidatarios, instituciones, empresas, ciudadanos y niveles de gobierno), lo cual significa modificar el esquema de manejo y administración que existe actualmente”. Tres, “crear e implementar instrumentos normativos innovadores para a gestión del bosque, esto quiere decir que proponemos a los gobiernos federal, estatal y municipal, iniciar un proceso de regularización normativa que incluya la actualización de los estudios técnicos justificativos que dieron origen al decreto de 1980 o bien, su elaboración conjunta con los propietarios del mismo”.

Cuatro, “revisar y replantear los planes parciales de desarrollo urbano en los cuatro municipios involucrados, específicamente en los distritos que colindan con los límites y linderos del ANP a fin de asegurar las políticas de amortiguamiento y protección”. Cinco, “aplicar la integración y operación normativa vinculante de Planes de Ordenamiento Ecológico Territorial a escala 1:50,000 sobre la metodología de Semarnat, a nivel municipal y en coordinación regional”.

Seis, “establecer protocolos y programas de monitoreo, seguimiento y de actuación eficaz para prevenir y atender incendios u otras contingencias”. Siete, “proponer a la federación que las áreas silvícolas de esta categoría se conviertan en tema de seguridad ambiental nacional”.

Segunda parte, lo ambiental. Ocho, “decretar, de manera rigurosa, un cinturón verde para amortiguar y cancelar la presión de la expansión e invasión urbana al perímetro del ANP”. Nueve, “que se derogue el plazo de 20 años de veda y se decrete la cancelación permanente en cuanto a la no autorización de cambios de uso de suelo, acciones urbanísticas o edificatorias, ni de cualquier otro tipo de aprovechamiento incompatible con la vocación natural del bosque en su categoría como ANP”.

En lo social: 10, “convocar la realización de foros y mesas de análisis en los que participen amplios sectores de la población y las instituciones a fin de constituir soluciones en gobernanza”; 11, “crear un sistema de información y comunicación de mayor impacto a la comunidad”; 12, “organizar una dirección colegiada que garantice la participación de los propietarios en la toma de decisiones”.

En lo económico: 13, “Optimizar y fortalecer el modelo de pago por servicios ambientales”. 14, “establecer tarifas de acceso y esquemas de aportación para el uso y disfrute del bosque”, y , 15: crear un fideicomiso para un bono verde.

JJ/I