Señalan anomalías en 31 casos

En su primera recomendación del año, la 1/21, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) reveló anomalías en los casos de 31 personas desaparecidas. En seis casos estarían involucrados servidores públicos. 

La recomendación está dirigida a los titulares de la Coordinación General Estratégica de Seguridad del Estado, Fiscalía del Estado, Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, Secretaría de Seguridad e Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), así como a los presidentes municipales de los ayuntamientos de Ameca, Guadalajara, Ixtlahuacán de los Membrillos, Jocotepec, Juanacatlán, Puerto Vallarta, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá y Zapopan. 

Las víctimas incluidas en el documento son 28 hombres y tres mujeres, quienes desaparecieron en distintos casos entre 2010 y 2020. Del total, sólo cuatro personas fueron localizadas, pero sin vida. Sus casos fueron analizados por la CEDHJ tras la presentación de 26 quejas. 

Según la defensoría, en ninguno de los casos se elaboró un plan de investigación que contemplara las disposiciones del Protocolo Homologado de Investigación para los Delitos de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares (PHI). 

Además, documentó irregularidades por parte del personal de la Fiscalía Estatal y del IJCF, pues no cumplieron con los principios, procedimientos y protocolos que están obligados a garantizar según los estándares legales. 

De manera específica, la CEDHJ indicó que en 27 de los casos hubo irregularidades del ministerio público, de policías investigadores y de peritos forenses, que impidieron que las víctimas indirectas hayan podido localizarlos, así como conocer la verdad acerca de lo ocurrido y procesar a los responsables de las cuatro personas localizadas. 

En seis de los casos se señaló además la posible intervención de servidores públicos, pues se refirió que los perpetradores de las desapariciones se ostentaron como elementos de la Policía Estatal, Municipal o de la Fiscalía Estatal.  

En otros nueve casos se mencionó que la desaparición fue cometida por particulares en grupos de más de tres integrantes, con lo que se infirió una organización en la ejecución del ilícito con predominio de uso de armas y vehículos. En el resto de los casos no hubo datos precisos de quién podría haber cometido los ilícitos. 

Sobre las personas localizadas, se dio a conocer que una de ellas permaneció sin ser identificada durante 20 meses debido a deficiencias en los procesos de Ciencias Forenses. La víctima fue inhumada tras la contingencia por saturación de cadáveres en el IJCF registrada en septiembre de 2018, pero sus familiares fueron notificados de ello hasta 2020. 

La comisión puntualizó que “la desaparición de las 31 personas constituye una multiplicidad de violaciones de derechos humanos, entre ellos a la legalidad y seguridad jurídica de las víctimas de desaparición de personas por incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia y el derecho al acceso a la justicia, a la integridad y seguridad personal, a la libertad personal, a la vida, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la verdad y al recurso judicial efectivo”. 

A todas las autoridades señaladas en el documento les pidió que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctima (CEEAV), otorguen una reparación integral del daño a los familiares y demás víctimas indirectas de las personas desaparecidas conforme a la ley general de víctimas, la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. 

SEÑALA CARGA EXCESIVA DE TRABAJO  

La CEDHJ recalcó que en los últimos 11 años la desaparición de personas se ha incrementado de manera exponencial en Jalisco, lo cual ha provocado una carga excesiva de trabajo en los ministerios públicos.  

Según la defensoría, cada una de las 26 agencias ministeriales atiende, en promedio, 380 asuntos. 

“La carga laboral continúa siendo excesiva e impide que el personal ministerial pueda desempeñar sus funciones bajo los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, eficiencia, exhaustividad, debida diligencia y respeto a los derechos humanos”. 

Finalmente, la CEDHJ recordó que, hasta el 31 de diciembre de 2020, había 9 mil 959 personas pendientes de localizar en el estado, según su análisis de las cifras del Sistema de Información Sobre Víctimas de Desaparición (Sisovid). 

FRASE: 

“La desaparición de las 31 personas constituye una multiplicidad de violaciones de derechos humanos, entre ellos a la legalidad y seguridad jurídica de las víctimas de desaparición de personas por incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia”: Extracto de la recomendación 1/21  

CIFRA 

• 9 mil 959 personas desaparecidas había en el estado hasta el 31 de diciembre de 2020,  según cifras del Sistema de Información Sobre Víctimas de Desaparición 

EH-jl/I