¿Existe una crisis de gobernabilidad en México?

En 1994, Manuel Alcántara Sáez, politólogo español, publicó un interesante texto titulado Gobernabilidad, crisis y cambio, en el que hace una exhaustiva revisión de autores y teorías que han gravitado a lo largo de las décadas recientes en conceptos que, más allá de filias y fobias partidistas, vale la pena retomar en el México de nuestros días. 

En su libro, Alcántara refiere el trabajo de Philippe Schmitter para plantear, desde su propia perspectiva, las cuatro condiciones que pueden llegar a generar una crisis de gobernabilidad en un sistema político determinado: la indisciplina, la inestabilidad, la ineficacia y la ilegalidad. 

La indisciplina, de acuerdo con Alcántara Sáez, se entiende como “los esfuerzos que realizan determinados ciudadanos o grupos ciudadanos para influir en las decisiones públicas por métodos violentos, ilegales o anómalos”. En ese sentido, es claro que en México los grupos delictivos hacen visibles, todos los días, estos “esfuerzos” no sólo por influir en las decisiones públicas sino por imponer su propia ley, como sucede en un buen número de municipios y localidades. Por tanto, la violencia y la inseguridad provocada por estos grupos debe ser considerada per se cómo una clara muestra de ingobernabilidad y crisis del Estado. 

La segunda condición de ingobernabilidad es la inestabilidad, entendida como el fracaso de la élite política gobernante para conservar sus posiciones de dominación. En México, la actual élite en el poder parece tener garantizado su dominio pues aún y cuando existen evidentes rasgos de “indisciplina” o abierto desafío al Estado por parte de las organizaciones criminales, la fuerza electoral del partido en el poder no ha disminuido, por el contrario, parece aumentar en cada nueva elección. Una de las hipótesis de la oposición es que la legitimidad de Morena expresada en las urnas se debe, precisamente, a un arreglo con los cárteles regionales; premisa que se vuelve insostenible ante el análisis de los comportamientos electorales regionales en el territorio nacional. 

La tercera condición que plantea Alcántara es la ineficacia del sistema, es decir, la disminución de la capacidad de los políticos y las burocracias para alcanzar sus objetivos y la del propio Estado para asegurar la obediencia de estos por medio de decisiones emanadas de la autoridad. 

Respecto a los políticos, hay rasgos que nos hacen suponer que durante el actual sexenio la autoridad presidencial tiene asegurado su control, ya que aún y cuando el debilitamiento de los partidos es claro, sus actores principales se han mantenido sujetos a las reglas del juego, no han abandonado la legalidad y cuando han generado tensiones importantes por la disputa del poder siempre ha sido dentro del cauce institucional. Respecto a las burocracias, incluidos los profesores sindicalizados, este sexenio no se ha caracterizado por una presión excesiva, como sí sucedió en los tiempos de Felipe Calderón, por ejemplo. 

Por último, tenemos como cuarta condicionante a la ilegalidad, entendida como las acciones realizadas por los dueños de un poder corporativo de alto nivel para evadir restricciones legales y constitucionales en búsqueda de ventajas. Quizá es aquí donde el actual régimen político ha mostrado más entereza respecto a otros sexenios. Desde la llegada de López Obrador ha habido una particular preocupación, quizá obsesión, por evitar que los poderes fácticos y los grandes capitales evadan sus responsabilidades, sean fiscales o legales. De esta forma, las poderosas empresas, que antaño fueron intocables, hoy deben pasar por el rasero del gobierno federal, con excepción, claro está, de los cárteles de la droga, que operan como sofisticadas corporaciones en expansión. 

Así, bajo el análisis y la perspectiva de Alcántara podríamos concluir que nuestro país cuenta con un sistema político sui generis, con elementos de una evidente ingobernabilidad, pero con gobiernos, actores políticos y poderes corporativos que atienden el llamado institucional del Estado y, además, con un partido en el poder con amplia legitimidad popular, condición indispensable para evitar una crisis sistémica. 

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