Consejos ciudadanos

La participación ciudadana es aquella donde la sociedad posee una injerencia directa con el Estado. Es a través de la integración de consejos o comités ciudadanos donde teóricamente se hace efectivo el involucramiento de la sociedad en temas relevantes, sin embargo, parece que los ojos ciudadanos dentro de las instituciones se quedan en la mera observación. 

Seríamos ingenuos si sólo limitáramos la participación ciudadana en la integración de estos entes, ya que la posible incidencia que pueden tener se vuelve casi imposible cuando desde la propia ley los sujeta a convivir de manera institucional con las dependencias y con la obligación de la tan manoseada “coordinación”, en muchos de los casos estos consejos nacen muertos o imposibilitados para ejercer una verdadera incidencia social, o cooptados por el poder o peor aún, se integran con la intención de que no funcionen. 

Cómo olvidar al Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), del cual sólo tuvimos conocimiento debido a la designación de la actual presidente; este ente brilla por su ausencia en materia de derechos, aun cuando tiene vida jurídica en la ley de la comisión. Otro es el Consejo Ciudadano del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas del Estado, en el que sus integrantes son honoríficos y tiene la casi imposible tarea de coordinarse con 10 autoridades, la mayoría de ellas herméticas y opacas, y para sorpresa, la ley en la materia no considera como integrante de este sistema a la CEDH. 

En el caso del Consejo Técnico ciudadano de la Fiscalía Estatal, único en su tipo, ya que ninguna otra fiscalía cuenta con un ente de esta naturaleza, y que tiene vida jurídica en la Ley Orgánica de la Fiscalía Estatal y se encuentra debidamente integrado, simple y sencillamente está muerto. Desde hace más de un año no existe convocatoria para sesionar; por supuesto, tampoco hay interés de la fiscalía de activarlo. También en este caso sus integrantes (solo hombres) son honoríficos. 

El Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, a diferencia de los ya comentados, sus integrantes reciben honorarios, y la presidencia del comité también lo es del comité coordinador, y aunque esto pareciera que es una ventaja frente a los otros, a casi cinco años de su creación y dos de la aprobación de la política estatal anticorrupción, todavía no logra implementarse; esto obedece a la poca voluntad de las instituciones que integran el sistema. Eso del combate a la corrupción estas instituciones lo tienen en segundo plano, la coordinación ha sido la gran área de oportunidad de este sistema. 

En lo que respecta al Consejo Ciudadano de Seguridad digamos que es de los primeros que se integraron en el estado. Fue precisamente en esta administración que se realizó una reforma significativa a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado en la que se propuso una nueva integración de este consejo. Sus integrantes también son honoríficos. El reto es que las personas que lo integran deben ser palomeadas por el gobernador; de hecho, en la última terna para ocupar un espacio debido a la renuncia de una consejera fue el propio consejo el que aprobó enviar una terna al Ejecutivo, y aunque este no ha respondido de manera oficial, lo cierto es que les mandó decir que le enviaran otros nombres, lo que nos hace pensar que una persona de ese listado le resulta sumamente incómoda al gobernador, y por supuesto no se va a arriesgar a que llegue alguien que sabe perfectamente (porque ya ha estado en otro ente ciudadano) que cuestionará seriamente la inseguridad y violencia que vivimos en el estado. 

La participación ciudadana cada vez se vuelve un privilegio de pocos. La falta de criterios homólogos para la integración de estos entes ciudadanos origina que los temas que hoy urge resolver en el estado, como personas desaparecidas, derechos humanos, procuración de justicia, seguridad y control de la corrupción se diluyan ante la poca incidencia de estos y muchos otros entes ciudadanos. 

Lucía Almaraz* 

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JB