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Descarado
El voto despojando afores
La Secretaría General de Gobierno (SGG) tuvo un subejercicio de casi 22 millones de pesos durante 2021 a pesar de las necesidades en áreas de la dependencia involucradas con atención a víctimas, búsqueda de personas desaparecidas y derechos humanos.
De acuerdo con el Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos 2021 del gobierno de Jalisco, la SGG dejó sin ejercer 21 millones 912 mil pesos que ya tenía etiquetados para organismos como la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco (Cobupej) o la Subsecretaría de Derechos Humanos.
El Diario NTR Guadalajara solicitó una postura oficial de la SGG sobre el subejercicio de recursos, pero la dependencia no respondió.
El martes, el titular de la CEEAV, Iván Sánchez Rodríguez, reconoció que el organismo padece subejercicios cada año por la falta de autonomía y el uso de partidas presupuestales inflexibles.
La situación genera que desde este mes y hasta marzo próximo no se puedan entregar apoyos a víctimas de delitos pese a que todavía hay recursos en el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.
“Cuando no es posible ejercer los recursos del fondo, preocupa en lo particular porque limita la accesibilidad a las medidas que atienden las necesidades de víctimas, sobre todo las medidas de ayuda inmediata o todas las medidas correspondientes al apoyo durante las acciones de búsqueda”, advirtió al respecto la codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) Anna Karolina Chimiak.
La activista señaló que la excesiva formalidad en la operación del fondo provoca que las víctimas pasen largos periodos de espera para recibir apoyos.
Por su parte, la diputada presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Hortensia Noroña Quezada, se dijo preocupada de que no se hayan ejercido recursos por cuestiones de trámites.
“Me preocuparía mucho que hayan sido recursos que por algún sistema de burocracia, de tramitología, (no se hayan ejercido), que no hayamos podido responderle a las y los ciudadanos”, consideró.
La legisladora priista reconoció que el Congreso del Estado tiene pendiente modificar la legislación para que el fondo de la CEEAV se pueda usar de forma multianual, por ejemplo, a través de un fideicomiso.
Finalmente, la codirectora de Cepad urgió a que el Poder Legislativo reinicie la discusión y consulta para la aprobación de una nueva ley estatal en materia de atención a víctimas.
De última hora, los diputados locales reasignaron 30 millones de pesos (mdp) del Presupuesto 2023 y los dirigieron a las dependencias involucradas en la problemática de las desapariciones, lo que ayudaría a materializar un proyecto cuyo fin es contar con oficinas en las regiones de Jalisco ubicadas fuera de la zona metropolitana.
Así lo expresó el investigador del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) Jonathan Ávila, quien en entrevista mencionó que, a diferencia de otros años, en 2023 sí habrá un aumento más significativo para las dependencias.
Al avalar el Presupuesto 2023, los diputados locales le sumaron 7 mdp al gasto 2023 de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco (Cobupej), quedando en 64.9 mdp. A la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) le añadieron 8 mdp y quedó en 75.7 mdp, y a la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas (FEPD) le sumaron 15 mdp para quedar en 141.8 mdp.
Al respecto, el investigador mencionó que la Cobupej requería 14 mdp más para implementar un proyecto de regionalización. Al sólo destinarle la mitad de ese monto, sólo le alcanzaría para dos o tres sedes fuera de la zona metropolitana
Las oficinas podrían ubicarse en Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta.
En cuanto a la CEEAV, consideró que el alza presupuestal podría usarse para buscar otra sede, ya que la actual, ubicada en un tercer piso, no es accesible para personas de la tercera edad o con alguna discapacidad.
Cuestionado sobre los 15 mdp extra para la FEPD, el investigador espera que se usen para reforzar e incrementar la capacidad de las agencias del ministerio público enfocadas a la atención de víctimas.
jl/I